ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
7-feb-2019	Godoy (Causa Nº 12661)	Un buque pesquero se hundió y sus tripulantes naufragaron. Por tal razón, se inició una investigación en sede penal. Las familias de dos víctimas se presentaron como querellantes con representaciones legales separadas. Una de ellas contrató a un letrado particular. La otra tenía dificultades económicas y su representación fue asumida por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación. El juzgado intimó a las querellas a unificar su representación, bajo apercibimiento de disponerlo de oficio. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. Entre otras cuestiones, indicó que, dada la vulnerabilidad de su representado, no era posible unificar la querella con un abogado particular y afrontar su costo. Al mismo tiempo, indicó que en los términos de la resolución DGN N° 1459/18, el programa sólo podía representar a personas de bajos recursos económicos.
8-mar-2018	RMA (causa Nº 10938)	Una persona había sido imputada sobre la base de una denuncia promovida por la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. El 28 de noviembre de 2017, el juzgado la sobreseyó y notificó a la fiscalía y a la defensa. El 4 de diciembre, la víctima solicitó ser constituida como parte querellante. Por tal razón, el juzgado le notificó el sobreseimiento. Además, hizo lugar a su solicitud, por considerar que —ante su reciente notificación— la resolución no se encontraba firme. De esa manera, la querella interpuso un recurso de apelación contra el sobreseimiento. Entonces, la defensa planteó una excepción de falta de acción. Entre sus argumentos, sostuvo que la presentación de la querella había sido extemporánea ya que, a su entender, la resolución de sobreseimiento había adquirido firmeza. Por su parte, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, con base en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Nº 27.372), postuló su rechazo.