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https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6814| Título : | Obstáculos para hacer realidad el derecho a la educación en el marco de la arquitectura financiera internacional |
| Fecha: | 17-jul-2026 |
| Resumen : | La Relatoría Especial sobre el derecho a la educación presentó un informe sobre los obstáculos que crea la arquitectura financiera internacional para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. El documento analizó la forma en que la crisis de la deuda, las medidas de austeridad y la reducción de la asistencia oficial para el desarrollo restringen el margen fiscal de los Estados y debilitan los sistemas educativos públicos. En ese sentido, evaluó las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y de las instituciones financieras internacionales, así como el impacto de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los mecanismos de reestructuración de la deuda sobre el gasto educativo y los salarios docentes. También examinó los riesgos de las alianzas público-privadas, los límites de los mecanismos de financiación innovadora y el papel de los sistemas tributarios regresivos. Por último, realizó una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados, las instituciones financieras internacionales, las agencias de calificación crediticia y los donantes. |
| Decisión: | La Relatoría Especial sobre el derecho a la educación concluyó que la actual arquitectura financiera internacional restringe notablemente la capacidad de los Estados de garantizar sistemas de educación pública equitativos, inclusivos y de calidad. En ese sentido, recomendó a los Estados ampliar de manera urgente la financiación pública educativa y adoptar garantías jurídicas que protejan el presupuesto del sector en períodos de presión fiscal; instó a emprender reformas estructurales de la arquitectura financiera internacional, concluir una convención marco de las Naciones Unidas sobre cooperación tributaria en 2027 e iniciar negociaciones para una convención marco sobre la deuda soberana; reclamó reformar los procesos de reestructuración y los análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI y el Banco Mundial para priorizar el margen fiscal de los servicios públicos y la coherencia con los derechos humanos; exigió poner fin a las medidas de austeridad, los topes al gasto salarial docente y el impulso a la privatización y las alianzas público-privadas; y demandó garantizar la transparencia, el control democrático, las evaluaciones de impacto en derechos humanos y el aumento de la ayuda internacional y de los fondos destinados a la educación en situaciones de emergencia. |
| Argumentos: | 1. Derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la educación. Servicios públicos. Empresa. Estado. Política pública. Política económica. Presupuesto. Género. Trabajo. “Los países de ingreso más bajo que destinan una parte relativamente elevada de sus presupuestos públicos a la educación siguen estando sujetos a presiones derivadas del servicio de la deuda, la escasa movilización de ingresos, el crecimiento demográfico, la inflación o una contracción fiscal más generalizada. En los últimos años se ha observado un aumento de la deuda y de los índices de servicio de la deuda que ha hecho reducir el gasto en servicios públicos y protecciones sociales […]. A través de su asesoramiento sobre políticas a los Gobiernos y del sello de aprobación que acompaña a los préstamos concedidos, la influencia tanto del Banco Mundial como del FMI en el ámbito de la educación es mucho mayor de lo que cabría esperar en vista del apoyo financiero que prestan, por ejemplo, a través de sus condiciones, tanto escritas como no escritas. Además, dado que las estructuras de gobernanza de estas instituciones se basan en sistemas de votación en los que las aportaciones financieras determinan el grado del poder de voto de los Estados miembros, los países de ingreso alto influyen de modo significativo en las prioridades institucionales, las políticas de concesión de préstamos y los programas de reforma ajustándolos en lo posible a sus propios intereses y perspectivas” (párrs. 11 y 15). “Los Estados tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir las vulneraciones de los derechos humanos en el extranjero por empresas domiciliadas en su territorio o jurisdicción. Se espera que adopten medidas colectivas, en particular mediante la cooperación internacional, con el fin de contribuir a dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales fuera de su territorio nacional y que ayuden a crear un entorno internacional que permita ejercer tales derechos, mediante leyes, políticas y medidas diplomáticas y de relaciones exteriores. Los Estados no deben saltarse sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando, como miembros de una institución financiera internacional o de una organización internacional, toman decisiones en dichos foros. [L]os Gobiernos de los países de ingreso más alto deberían proporcionar suficiente asistencia internacional, que incluya ayuda y financiación en condiciones concesionarias, en favor de la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Su obligación es, por un lado, asegurarse de que la influencia que ejercen en las instituciones como el FMI no fomente el uso de condiciones de préstamo ni la implantación de reformas macroeconómicas que socaven el derecho a la educación (y otros derechos económicos, sociales y culturales) y, por otro, ser cautos a la hora de ofrecer un tipo de asesoramiento sobre políticas que impulse la privatización o las alianzas público-privadas, procurando que dichas reformas no reduzcan el acceso, la asequibilidad, la calidad o la rendición de cuentas en los servicios públicos esenciales y que, de manera más general, no se genere un riesgo previsible de perjuicios sistémicos en el desarrollo de sistemas de educación pública y gratuita de la máxima calidad posible” (párrs. 20 y 25). “El aumento del servicio de la deuda, unido a las restricciones para financiar la enseñanza, daña sobremanera el derecho a la educación. De continuar la tendencia actual, los ciclos de desigualdad podrían consolidarse, ya que los países de ingreso bajo, los alumnos marginados, las poblaciones desplazadas y las niñas son los más perjudicados. El servicio de la deuda, las restricciones al gasto en sueldos y los marcos fiscales rígidos limitan la capacidad de los Gobiernos para contratar docentes, ampliar las infraestructuras o responder con flexibilidad al aumento repentino del número de matriculaciones derivado de los desplazamientos […]. La influencia que estos actores ejercen se manifiesta de diversas maneras. Así, por ejemplo, es posible que, en los análisis de sostenibilidad de la deuda, se antepongan la estabilidad macroeconómica y el reembolso de la deuda a las inversiones a largo plazo en educación. También es posible que las evaluaciones de las agencias de calificación crediticia agraven los efectos. Los mecanismos de reestructuración de la deuda hacen que muchos países de ingreso bajo se vean incapaces de encontrar una forma eficaz de hacer frente a las dificultades para pagar la deuda. Al no promoverse una cooperación internacional en cuestiones de tributación que sea inclusiva, equitativa y eficaz, los Estados tienen menos capacidad de subir los impuestos a los más ricos y a las empresas multinacionales para recaudar más. Mediante los flujos de financiación externa se fomenta o se facilita directamente la participación del sector privado en el desarrollo y se da prioridad a los intereses de los donantes” (párrs. 33 y 36). “El FMI rara vez impone condiciones explícitas relacionadas con el sector educativo. Sin embargo, estas suelen vincularse a recortes del gasto en sueldos, que en muchos países se concentra en los sectores de la educación y la sanidad. Esta influencia se ejerce a través de metas macroeconómicas y marcos normativos que definen el marco fiscal general en el que los Gobiernos financian los servicios públicos, incluida la educación. Las actividades de supervisión, los programas de préstamo, el diseño de los programas y el asesoramiento sobre políticas del FMI influyen en las metas fiscales, la gestión de la deuda, los marcos de gasto y las condiciones conforme a las cuales se espera que los Gobiernos restablezcan la ‘estabilidad’ macroeconómica. La supervisión del FMI y su participación en los programas también determinan en gran medida las expectativas de las instituciones financieras internacionales, los inversores y los acreedores privados, lo que influye en el acceso de los países a la financiación y en las condiciones de dicha financiación” (párr. 37). “El sector educativo suele estar sometido a presiones relacionadas con la deuda como consecuencia de la reducción del margen fiscal, lo que repercute en la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la educación. En los países donde el FMI exigió que se aplicaran medidas de austeridad a gran escala, el gasto en educación se ha reducido en un 16 % en términos reales desde 2024. La carga que suponen los ajustes perjudica por demás a las poblaciones con menores ingresos a través tanto de los recortes en los servicios públicos como de los efectos económicos más generales. Las niñas, sobre todo las que viven en entornos rurales y de bajos ingresos, pueden verse especialmente afectadas cuando las familias, al no poder hacer frente al costo directo, indirecto y de oportunidad de la educación, dan preferencia a los estudios de los hijos varones. Al mismo tiempo, la carga que entraña el cuidado no remunerado aumenta de forma mucho más drástica para las mujeres y las niñas. En las zonas rurales y conservadoras, la permanencia de las niñas en la escuela también se ve perjudicada cuando se reduce el gasto en sueldos y se limita la contratación de profesoras y cuando los recortes impulsados por las medidas de austeridad impiden disponer de instalaciones adecuadas de agua, saneamiento e higiene o empeoran las condiciones de las existentes” (párrs. 42 y 43). “Cuando se reduce el presupuesto para los salarios del sector de la educación pública se congelan las contrataciones, aumenta la proporción de alumnos por cada profesor y tienden a rebajarse los salarios. La consecuencia es que decae la moral entre los docentes, surgen problemas para retener al personal y aumenta la dependencia de profesores contratados con salarios más bajos. Dado que la mayor parte del gasto en sueldos del sector público suele corresponder a los docentes, los recortes generales hacen que escaseen los profesionales del ramo y que los países no puedan aumentar sus salarios […]. Esta situación entra en conflicto tanto con el derecho a una educación de calidad como con el derecho a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, así como con la Recomendación relativa a la Situación del Personal Docente. No hay pruebas de que el FMI consulte los datos de la UNESCO o de los Ministerios de Educación con respecto a la escasez de docentes antes de recomendar un recorte en el gasto en sueldos, y la entidad tampoco hace nada para proteger a este colectivo frente a las consecuencias” (párr. 45). 2. Empresa. Estado. Política pública. Política económica. Presupuesto. Servicios públicos. Trabajo. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Desigualdad social. “En la última década, las instituciones de financiación del desarrollo y los Gobiernos han impulsado cada vez más los mecanismos de ‘financiación innovadora’ para el desarrollo sostenible, incluida la educación […]. No obstante, en los debates mantenidos durante la Conferencia también salieron a la luz algunos aspectos preocupantes sobre las limitaciones y los riesgos vinculados a la financiación innovadora, como que la financiación combinada movilice mucho menos capital privado de lo previsto inicialmente o que sea necesario establecer salvaguardias más sólidas en materia de transparencia, adicionalidad, reparto equitativo de riesgos y coherencia con las prioridades nacionales de desarrollo […]. En algunas de las comunicaciones presentadas se subrayó también que el enfoque de la ‘financiación innovadora’ normaliza la sustitución de la financiación pública basada en subvenciones por los mecanismos de mercado. [A]unque los mecanismos de ‘financiación innovadora’ puedan aportar fuentes de financiación adicional limitadas y específicas para cada contexto, estos no pueden reemplazar la financiación pública sostenida, la reestructuración integral de la deuda o la reforma estructural de la arquitectura financiera internacional, todos ellos elementos necesarios para garantizar la efectividad a largo plazo del derecho a la educación, con independencia de la atención que se les preste actualmente en las políticas públicas” (párrs. 56-60). “Cuando el margen fiscal es limitado, recurrir a las alianzas público-privadas puede servir para aplazar la presión sobre las finanzas públicas, pero no para reducirla. Las alianzas público-privadas suelen generar compromisos fiscales a largo plazo que, aunque no son visibles de inmediato en las cuentas públicas, se traducen en futuras obligaciones de pago para los Gobiernos, lo que crea una ‘ilusión fiscal’ que oculta la verdadera magnitud del pasivo público. La financiación privada suele ser más cara que los créditos públicos, y son los Gobiernos los que, en última instancia, asumen los riesgos financieros ligados al posible fracaso de los proyectos. Las alianzas público-privadas ofrecen soluciones a corto plazo ante las restricciones fiscales, pero pueden llegar a agravar la desigualdad en el acceso a los servicios básicos, debilitar los sistemas públicos y trasladar los costos financieros y sociales a largo plazo a los hogares, los trabajadores y los Estados” (párr. 63). “Los Estados tienen derecho a determinar sus políticas tributarias de acuerdo con sus prioridades nacionales, pero deben hacerlo de manera coherente con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una de tales obligaciones es velar por que las políticas nacionales en la materia no disminuyan la capacidad de otros países para recaudar ingresos públicos destinados a hacer efectivos los derechos. Los Estados también tienen el deber de luchar contra la evasión y la elusión de impuestos, tanto dentro como fuera de su territorio, y de combatir los flujos financieros ilícitos. [L]a forma en la que se recaudan ingresos tributarios resulta fundamental. La formulación de políticas en la materia debe ser inclusiva, transparente, participativa y basada en datos empíricos, y debe fomentar un debate público informado, con evaluaciones exhaustivas de los efectos sobre la efectividad plena, entre otros, del derecho a la educación. [L]os ingresos deberían proceder de sistemas progresivos de tributación directa sobre la renta que no impongan una carga desproporcionada a los hogares con rentas más bajas, algo que puede aumentar la presión para abandonar los estudios, especialmente en el caso de las niñas” (párrs. 65-68). “Las medidas que hacen crecer los ingresos del Estado, sin prever su redistribución a través de la enseñanza gratuita, las transferencias en efectivo, las becas y una fiscalidad progresiva, suelen agravar las desigualdades en el acceso a la educación, la asistencia escolar y los resultados del aprendizaje. El aumento de los tipos del impuesto sobre el valor agregado y de los impuestos especiales encarece el costo de los productos de uso diario, el transporte, la electricidad y el acceso a Internet, lo que deja a las familias con menos ingresos disponibles para la compra de uniformes, libros, dispositivos, comidas o transporte escolar, gastos que, de hecho, deberían cubrir los sistemas de educación pública gratuita […]. Las políticas dirigidas a estabilizar los presupuestos, cuando están mal pensadas, pueden obstaculizar el disfrute en igualdad de condiciones del derecho a la educación, especialmente en el caso de las niñas, los alumnos con discapacidad, los refugiados y los niños más desfavorecidos […]. Conscientes de estos riesgos en la distribución, el FMI y el Banco Mundial se muestran cada vez más a favor de combinar los impuestos sobre el consumo con una protección social más sólida y una fiscalidad más progresiva. Sin embargo, en la práctica, el asesoramiento sobre políticas a nivel nacional tiende a promover los sistemas de tipo regresivo y sigue favoreciendo los intereses de los más ricos frente a los de los pobres y los más marginados, especialmente las niñas y las mujeres, y deja sin resolver el problema de fondo” (párrs. 70 y 71). 3. Desarrollo sustentable. Empresa. Estado. Evasión fiscal. Política pública. Política económica. Principio de no regresividad. Desigualdad social. Organización de las Naciones Unidas. “La nueva convención de las Naciones Unidas también debería abordar la cuestión de los flujos financieros ilícitos, que abarcan la evasión fiscal, la transferencia al extranjero de los ingresos procedentes de la corrupción, el blanqueo de capitales, la falsificación de facturas comerciales, la titularidad real oculta y los ingresos procedentes de actividades delictivas. Algunas instituciones también incluyen la elusión fiscal y la transferencia de beneficios dentro de este concepto, pero otros las descartan por considerarlas prácticas financieras legales, aunque inmorales” (párr. 79). “[E]l objetivo de la reforma de la arquitectura financiera internacional debería ser reducir la dependencia de los países del mero crecimiento, ya que el propósito de la vida económica es el desarrollo humano dentro de los límites ecológicos y no la acumulación de crecimiento como fin en sí mismo. La educación, como derecho humano, no es un instrumento para el crecimiento económico, sino un medio para el desarrollo pleno de la personalidad humana y del sentido de la dignidad, la plena participación en una sociedad libre, el respeto de los derechos humanos y la coexistencia pacífica […]. La economía basada en los derechos humanos trata de corregir las causas profundas y los obstáculos estructurales a la igualdad, la justicia y la sostenibilidad dando prioridad a la inversión en derechos económicos, sociales y culturales; vela por que las políticas macroeconómicas se rijan por las normas de derechos humanos; y fundamenta las decisiones fiscales, monetarias, empresariales y de inversión en las obligaciones que los Gobiernos ya han asumido en virtud del derecho internacional […]. En los próximos objetivos de desarrollo se debería velar por fomentar el crecimiento de forma sostenible y respetuosa con los derechos humanos en los lugares en los que aún sea necesario hacerlo y, en particular, en los países de ingreso bajo. Además, el crecimiento debería basarse en la movilización, la asignación y la redistribución internacional equitativas y sostenibles de los recursos existentes” (párrs. 84-86). |
| Tribunal : | Relator Especial sobre el Derecho a la educación |
| Voces: | DERECHO A LA EDUCACIÓN DESARROLLO SUSTENTABLE DESC DESIGUALDAD SOCIAL EDUCACIÓN EMPRESA ESTADO GÉNERO ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES POLÍTICA ECONÓMICA POLÍTICA PÚBLICA PRESUPUESTO PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD SERVICIOS PÚBLICOS TRABAJO |
| Jurisprudencia relacionada: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/4014 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2403 |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia internacional |
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| Obstáculos para hacer realidad el derecho a la educación en el marco de la arquitectura financiera internacional.pdf | Informe completo | 522.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
