ASM (Causa 126505)

Abstract

Tres niños se encontraban alojados en un hogar convivencial en virtud de una medida de abrigo dispuesta en mayo de 2021. No se trataba de la primera medida de resguardo implementada en favor del grupo de hermanos, pues las intervenciones del organismo de protección se remontaban a noviembre de 2018. Esa actuación se debió a situaciones de riesgo, desatención y violencia por parte de sus progenitores. En noviembre de 2021, el Servicio Local interviniente elevó su informe final. En esa oportunidad, informó el agotamiento de las estrategias para la restitución al ámbito familiar, tras constatar la imposibilidad de los progenitores para garantizar los cuidados esenciales y el manejo de situaciones de violencia. En consecuencia, dio por finalizada su intervención con la familia. En mayo de 2022, el Asesor de Incapaces solicitó al juzgado que se declarara la situación de adoptabilidad de los niños. Por su parte, el progenitor se presentó en el proceso judicial y se opuso al pedido de declaración de situación de adoptabilidad. Por un lado, manifestó que se encontraba en condiciones de asumir el cuidado de sus hijos. A la vez, criticó que en sede administrativa no se hubiera trabajado con su familia de origen ni se la hubiera propuesto para colaborar con él en la crianza. Por otro lado, las entrevistas a los niños reflejaron tanto indicadores de maltrato previo como el deseo unánime de los hermanos de egresar del hogar con una nueva familia.

Luego, el juzgado de primera instancia decretó la situación de adoptabilidad de los niños. En ese sentido, constató que los intentos de restitución y cuidado por parte de su familia de origen habían fracasado. Además, se apoyó en la voluntad manifestada por los propios niños. También, durante el trámite del proceso, seleccionó una pareja de guardadores con fines de adopción e inició el proceso de vinculación con los niños. Esa decisión fue apelada por el progenitor. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Zárate-Campana revocó la sentencia de primera instancia y ordenó medidas de revinculación con el progenitor y la familia paterna bajo acompañamiento estatal. Asimismo, dejó sin efecto la prohibición de acercamiento que regía respecto del progenitor; ya que consideró que no existía un dictamen unánime del organismo de protección que descartara en forma debida a la familia paterna. Esta sentencia fue recurrida por el Asesor de Incapaces. En concreto, cuestionó que la Cámara no había mantenido contacto directo con los niños y que, si bien había referido su deseo de egresar del hogar con una familia, había resuelto en contra de su interés y privilegiado al progenitor.