Godoy (causa N° 2262)

Abstract

En abril de 2017, se inició una investigación penal por una infracción a la Ley de Estupefacientes. En agosto de ese año, un hombre fue identificado como posible coautor. En diciembre de 2023, fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de transporte y comercio de estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso c, de la ley N° 23.737 y a la pena única de seis años y seis meses de prisión. Esta pena comprendía una condena de tres años de ejecución condicional dictada en 2021.

El hombre cumplió en prisión preventiva dos tercios de la pena única, que además no se encontraba firme. Por esa razón, la defensa solicitó su excarcelación. Entre sus argumentos, sostuvo que, si bien la última reforma a la Ley de Ejecución Penal −sancionada en de julio de 2017− excluía de la libertad condicional a los condenados por los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley N° 23.737, el hecho imputado era anterior a la sanción de esa norma. Del mismo modo, argumentó que, aunque el tribunal oral no compartiera esa interpretación, la primera condena de su defendido era íntegramente anterior a la sanción de esa norma. Por lo tanto, consideró que no era posible someterlo a dos regímenes de ejecución de la pena distintos. Por esa razón, concluyó que debía optarse por el régimen más favorable. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la libertad. Afirmó que la interpretación de la defensa era errada por cuanto la individualización de su defendido en la causa había ocurrido con posterioridad a la sanción de la norma. Por ese motivo, postuló el rechazo de la excarcelación.