ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
14-nov-2019	Artica Vega (Causa Nº 2563)	Una mujer trans de nacionalidad peruana vivía en el país junto a su pareja y había obtenido la residencia permanente. Con posterioridad, fue condenada a la pena de 4 años y 10 meses de prisión por haber sido coautora del delito de comercialización de sustancias estupefacientes. Por esa razón, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) declaró irregular su permanencia, dispuso su expulsión del territorio nacional y prohibió su reingreso al territorio nacional. Contra esa decisión, la mujer interpuso recursos administrativos que fueron rechazados. Luego, presentó un recurso judicial que también fue rechazado. Para decidir de esa manera, la jueza interpretó que en el caso correspondía aplicar una pena mayor a la prevista por el artículo 62 inciso b de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871. Entonces, la actora apeló. Entre sus argumentos, sostuvo que la referida norma establecía un piso mínimo pero no hacía distinciones con respecto al tipo de delito cometido. Sobre esa cuestión, señaló que la interpretación había sido contraria al principio de legalidad. Asimismo, manifestó que no se había evaluado su arraigo familiar ni la discriminación que había sufrido en su país de origen por motivos de género.
16-jul-2019	Vigo Bernal (Causa Nº 71989)	Un hombre de nacionalidad paraguaya vivía en Argentina desde el año 1998. Aquí residía junto con su pareja, que padecía una enfermedad oncológica, y con sus dos hijos, uno de los ellos de nacionalidad argentina. Con posterioridad, el hombre fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) resolvió cancelar la residencia permanente que le había sido otorgada con anterioridad. A su vez, declaró irregular su permanencia, ordenó su expulsión del territorio nacional, y prohibió su reingreso con carácter permanente. Contra esa decisión, el hombre –con la representación de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación– interpuso un recurso judicial, que fue rechazado en primera instancia. En consecuencia, apeló y expresó agravios porque consideró que el tribunal había efectuado una errónea interpretación de la ley migratoria. Sobre esa cuestión, manifestó que en su caso la pena impuesta había sido menor a los cinco años que preveía la normativa migratoria. Además, indicó que la resolución violaba el derecho a la reunificación familiar.