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5-dic-2019Robles (Causa Nº5791)Una mujer fue detenida por personal policial en la vía pública. Los agentes la requisaron y encontraron dentro de su cartera tres paquetes con marihuana. Por ese hecho, fue imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En su declaración indagatoria explicó que su pareja se encontraba detenida y que la había contactado con otra persona que le había pedido recibir un bolso y esperar sus instrucciones. Además sostuvo que desconocía el contenido del bolso que había recibido. El informe socio ambiental señaló que la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica, social y laboral. Asimismo, indicó que había sido víctima de violencia de género durante su infancia y del hombre que era su pareja. El juzgado dictó su procesamiento y ponderó la cantidad de marihuana secuestrada y la forma en la que estaba acondicionada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Por su parte, la fiscalía solicitó su sobreseimiento. El informe socio ambiental señaló que la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica, social y laboral. Asimismo, indicó que había sido víctima de violencia de género durante su infancia y del hombre que era su pareja. El juzgado dictó su procesamiento y ponderó la cantidad de marihuana secuestrada y la forma en la que estaba acondicionada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Por su parte, la fiscalía solicitó su sobreseimiento.  En su presentación la defensa planteó que la conducta reprochada era atípica dado que su asistida desconocía que llevaba estupefacientes. Además, sostuvo que no podía acreditarse la ultraintención requerida por la figura. Por último requirió que, en caso de duda, se estuviera a la interpretación de los hechos más beneficiosa a su asistida, sobre la base del principio in dubio pro reo.
5-dic-2019MSA (Causa Nº 789)Una mujer y un hombre tuvieron una relación sexoafectiva, de la que nacieron tres niñas. Luego, se separaron y la mujer quedó a cargo de sus hijas. Por su parte, el hombre realizaba aportes esporádicos y escasos, pese a que los gastos de sostenimiento de las hijas aumentaban de acuerdo a sus edades. Dos de ellas eran adolescentes y acudían a la escuela, mientras que la otra –ya mayor de edad en ese momento– concurría a una universidad situada en otra provincia. Asimismo, realizaban distintas actividades extracurriculares. Frente a esa situación, el salario de la madre como empleada estatal era insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos. Por esa razón, la mujer hacía algunas tareas informales y recibía ayuda económica de su madre. En consecuencia, la mujer inició una demanda de alimentos contra el progenitor. En su presentación, informó que el demandado se desempeñaba como policía de la provincia. Por lo tanto, solicitó que se fijara una cuota equivalente al 50% de sus haberes, más la mitad del aguinaldo. También requirió que se agregaran las asignaciones familiares y escolares en caso que las percibiera. El juzgado estableció una cuota provisoria, que comenzó a ser descontada del sueldo del hombre. Sin embargo, el progenitor no se presentó en el expediente y fue declarado rebelde. Tampoco fue a la audiencia fijada por la jueza.
4-nov-2015GAM (Causa Nº 118.472)G., una mujer con retraso madurativo leve y epilepsia, llevó a J (el menor de sus hijos) al hospital por encontrarse enfermo. Allí, G. relató que fue violada por su propio padre (abuelo y padre de J). Por ese motivo, intervino el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Este organismo solicitó una medida de abrigo para J y sus dos hermanas R y M y, con posterioridad, los tres niños fueron declarados en situación de desamparo. En este contexto, se incorporaron a las actuaciones distintos informes que daban cuenta de la grave situación de violencia que vivían la señora G y sus hijos (violencia familiar por parte del padre de G., dependencia económica y emocional, amenazas e intimidación, informes psicológicos donde constaba el grado de indefensión de G. y su imposibilidad para asumir la defensa de su hija R, etc.). Finalmente, el Tribunal de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de Quilmes resolvió declarar la restricción a la capacidad de G. y determinó que no se encontraba en condiciones de ejercer el rol materno de manera autónoma (conf. el Código Civil derogado). Por otro lado, se inició un proceso de adopción para cada uno de los niños. Contra estas resoluciones, la señora G. y el Asesor de Incapaces interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.