Buscar por Voces DERECHO DE EXCLUSIÓN
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| Fecha | Título | Resumen |
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| 24-may-2012 | Fiscal S/ apela declaración de nulidad de informe pericial (Causa N° 46744) | Un exfuncionario se encontraba siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. En el marco de ese proceso, se ordenó el allanamiento de la vivienda de su exasesor y la del hijo de éste, ambos involucrados en la investigación. El juzgado de primera instancia declaró la nulidad del punto II del auto de procesamiento respecto a las pericias practicadas por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina sobre las computadoras secuestradas en el domicilio de la persona, así como también de la pericia que se había encomendado a los técnicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con sus conclusiones, la información obtenida y la extracción de testimonios ordenadas a tal efecto. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de apelación. Por su parte, ambas defensas —las del exasesor y la del exfuncionario—, sostuvieron que no habían sido notificados de la pericia informática de las computadoras secuestradas con el argumento de que se trataba de una operación sencilla y reproducible en el futuro. Y que, si bien fueron notificados de una nueva pericia, advertían, a partir del peritaje realizado por los expertos de la UBA, que el material recibido no había sido debidamente resguardado y que la cadena de custodia se encontraba comprometida. Por tanto, solicitaron que se anularan ambos peritajes, el primero por la omisión de practicar la notificación como establece la normativa procesal, y el segundo por la sospechosa contaminación de la evidencia que fuera advertida por los peritos de la UBA. La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional se había pronunciado en este mismo incidente al respecto. En esa ocasión, anuló la resolución adoptada en primera instancia que rechazaba la nulidad impetrada por la defensa y ordenó practicar nuevas diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias bajo las cuales se habían producido los peritajes practicados tanto por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal como por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, para luego volver a decidir con el resultado de esas diligencias y en función del resto de las constancias de la causa vinculadas al planteo de nulidad de las pruebas obtenidas. Luego de realizarse las diligencias requeridas, el caso volvió a la Cámara. |
| 13-may-2016 | S, HE | Una persona alquiló una habitación en un hotel. Al ingresar para la limpieza del cuarto, la encargada del hospedaje encontró un arma en su interior. Ante esta situación se comunicó con la policía. Con posterioridad, dos oficiales ingresaron a la habitación, secuestraron el arma, entre otras pertenencias, y detuvieron al huésped. Éste fue procesado por el delito de tenencia de arma de guerra. Oportunamente, la defensa planteó la nulidad del procedimiento de registro de la habitación. El Tribunal Oral en lo Criminal rechazó la nulidad planteada y condenó al imputado a la pena de prisión por el delito de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| may-2017 | Allanamiento, derecho de exclusión y consentimiento | En este trabajo se comentará un caso en el que se declaró la nulidad de un allanamiento sin orden judicial que tuvo lugar en la habitación de un hotel con el consentimiento de la encargada del hospedaje. A partir de ello, se comentará el alcance de la protección de la inviolabilidad del domicilio prevista en el art. 18 CN, sus excepciones y los problemas que surgen de la intervención de particulares y de las fuerzas de seguridad. |
| 11-jun-2019 | Bittel (causa Nº 38439) | En la provincia de Santa Fe, un hombre recibió un disparo en un local comercial de su propiedad. Cuando el personal policial se presentó en el lugar el hombre declaró que había tenido una discusión con otra persona, que le disparó y escapó. Antes de ser trasladado al hospital, le entregó las llaves del negocio a una empleada y le pidió que lo cerrara. En ese marco, la policía dispuso la realización de un estudio criminalístico en el lugar. Entonces, la madre de la víctima le dio las llaves a la empleada y le pidió que lo abriera a ese efecto. En el interior del negocio, la policía encontró y secuestró sustancia estupefaciente. Por ese hecho, el hombre fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Del informe criminalístico se desprendía que el personal policial había sido convocado por un robo. En tal sentido, se dejó constancia de que, una vez finalizada la búsqueda de los elementos solicitados, se requirió colaboración a la comisaría para que se constatara si había algún faltante. La defensa planteó la nulidad del allanamiento por haber procedido sin contar con orden judicial y no haberse verificado ninguna de las hipótesis que habilitaban a la policía a proceder sin ella, ni existir consentimiento por parte del titular del derecho de exclusión. El juzgado hizo lugar a la solicitud y sobreseyó al imputado. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, sostuvo que el procedimiento realizado no había configurado un allanamiento. |
| 12-jul-2019 | Yatchensen (Causa N° 12000054) | En el marco de una investigación se ordenó la detención de una persona. Los agentes de prefectura se presentaron en el domicilio y fueron informados por la propietaria de que esa persona era inquilina. No obstante, la dueña brindó las llaves del lugar y personal de prefectura abrió el portón de ingreso al domicilio y forzó la puerta principal. En el interior del domicilio se encontró marihuana y se detuvo al inquilino. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes rechazó las nulidades planteadas por las defensas y condenó por el delito de tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, con la agravante del artículo 11 de la ley 23.737. Contra la sentencia condenatoria, se presentó un recurso de casación. |
| 14-mar-2022 | Ministerio Público Fiscal s/recurso de apelación (Causa N° 8991) | En una causa penal se investigaba a un grupo de personas que se habían desempeñado en el Poder Ejecutivo Nacional entre los años 2015 y 2019 por posibles coacciones orientadas a interferir en las funciones de determinados jueces y juezas. En ese marco, la fiscalía interviniente le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confeccione un informe en el que se releven todas aquellas manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10/12/2015 y el 9/12/2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales, hacia las personas presuntamente afectadas en el marco de la hipótesis delictiva investigada en aquel caso. Luego de realizado un informe parcial, el juez de primera instancia ordenó excluirlo como medio de prueba. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. Para ello, indicó, entre otras cuestiones, que la medida era idónea, válida y respetaba los derechos fundamentales de las personas involucradas en la investigación. Asimismo, que la recolección de datos buscaba determinar la existencia de un hecho criminal en función de que la información no era reservada sino de contenido público, y que la medida no tenía como objetivo censurar expresiones ni judicializar el debate público. |
| 6-dic-2023 | Debates sobre la nulidad del allanamiento en la jurisprudencia del fuero federal (2016-2022) | El boletín elaborado por la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia releva sentencias emitidas por distintos tribunales en las que se analizó la validez de los allanamientos dispuestos en el marco de diversas causas penales del fuero federal. Los pronunciamientos recogidos ponen de relieve los criterios sopesados en sede judicial ante la tensión entre la protección a las garantías de inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad —contenidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional— y la investigación penal. |