Buscar por Voces DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL
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| Fecha | Título | Resumen |
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| 30-may-2022 | OC 29-22 | El 25 de noviembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expidiera sobre la necesidad de adoptar medidas o enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad. En ese sentido, presentó una serie de preguntas para determinar las obligaciones internacionales de los Estados a fin de garantizar la igualdad de condiciones y la no discriminación de estos grupos particulares. |
| 31-oct-2022 | Recomendación General N° 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas | El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió una recomendación general sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Este documento estudia las obligaciones internacionales de los Estados en materia de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia para las mujeres y niñas indígenas desde una perspectiva interseccional, intercultural, multidisciplinaria y de género. Luego, efectúa recomendaciones a los Estados para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de este grupo a partir de un enfoque integral. |
| sep-2023 | Propiedad privada, identidad y cultura. El derecho a la identidad cultural indígena en el sistema interamericano | El presente trabajo propone estudiar la evolución del derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Para ello, el autor toma tres casos paradigmáticos de la Corte Interamericana que desarrollan la interrelación entre territorio indígena, propiedad privada e identidad cultural. |
| jun-2024 | Derecho a un ambiente sano (SIDH) | Jurisprudencia emitida en el sistema interamericano de derechos humanos sobre el derecho a un ambiente sano. Este boletín se publicó en octubre de 2022 y se realizó una actualización de la edición en junio de 2024. |
| 24-oct-2024 | Dictámenes e informes del Programa sobre Diversidad Cultural del MPD en materia civil, comercial y contencioso administrativo | Esta publicación presenta la producción de informes y dictámenes destacados en material civil, comercial y contencioso administrativo del Programa sobre Diversidad Cultural (PSDC) del Ministerio Público de la Defensa en el período 2017 a 2024. El objetivo de la compilación es visibilizar el trabajo que lleva a cabo el PSDC y sus intervenciones en causas que involucran el acceso a la justicia de pueblos indígenas. |
| 20-nov-2025 | Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos v. Honduras | La Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos es parte del Pueblo Garífuna, reconocido como pueblo indígena en Honduras, y se encuentra asentada en un archipiélago en el Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. La forma de vida de la Comunidad está ligada al mar: la pesca artesanal constituye una actividad central, tanto como fuente de alimentación como componente espiritual y cultural. En 1993, el Estado declaró al archipiélago como área natural protegida e impuso una veda sobre actividades de recolección de especies marinas. La administración quedó a cargo de una fundación privada y de organismos estatales, sin que la Comunidad contara con representación ni participación en las decisiones. En 2003, el Estado declaró al archipiélago como Monumento Natural Marino. En 2004, 2008 y 2014, se adoptaron planes de manejo que prohibieron modalidades de pesca artesanal practicadas originariamente por el Pueblo Garífuna. Desde 2006, se permitió la filmación de programas televisivos tipo "reality shows" en zonas declaradas de exclusión total, lo que impidió a la Comunidad realizar faenas de pesca durante los períodos de filmación. En 2009, se amplió el área protegida. Ninguna de esas medidas fue adoptada con consulta previa a la Comunidad. Entre 2000 y 2007, la Comunidad obtuvo títulos de propiedad colectiva sobre los territorios tradicionales, tras un proceso que incluyó la denegación de la inscripción registral y un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. A lo largo de los años, miembros de la Comunidad denunciaron amenazas, hostigamientos y agresiones por parte de agentes estatales y particulares. Sin embargo, las investigaciones no arrojaron resultados. |