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FechaTítuloResumen
19-mar-2020Velasco (causa N° 29049)Un hombre de 71 años se encontraba imputado por delitos de lesa humanidad y detenido en la Unidad N° 34 de Campo de Mayo. El 17 de marzo de 2020 el hombre solicitó su excarcelación y, de modo subsidiario, que se le otorgara la prisión domiciliaria. En su presentación argumentó que había sido declarada la alerta epidemiológica del Coronavirus y que, por ser mayor de 65 años, se encontraba dentro de las personas en situación de riesgo.
17-mar-2020Iparraguirre (causa N° 96497)Un hombre de 64 años se encontraba detenido en el Complejo Carcelaria N° 1 de Córdoba. El hombre tenía, entre otras cuestiones, asma bronquial con múltiples internaciones por infecciones respiratorias, una hernia, y cardiopatía isquémica. Por tal razón, había sido internado en un hospital. El informe médico elaborado por el establecimiento penitenciario expuso que las patologías eran de difícil tratamiento, no presentaban evolución y requerían constantes traslados a hospitales extramuros. Sobre la base de dichas consideraciones, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. La fiscalía se expidió de modo favorable. En su dictamen ponderó el informe médico de la unidad, el delicado estado de salud del hombre, la gravedad y cronicidad de su enfermedad y la situación de emergencia sanitaria por la que atravesaba el país.
13-mar-2020Acordada 3.20 CFCPEl 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Por tal razón, la Cámara Federal de Casación Penal advirtió sobre los riesgos que corren las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.
7-feb-2014M, JCEn 2009, el tribunal oral concedió a una persona la suspensión del juicio a prueba por un año. Los hechos imputados habían ocurrido entre 2001 y 2002. El probado se comprometió a realizar tareas comunitarias en un hospital público y al pago de doce cuotas en concepto de reparación. Sin embargo, el hospital informó que no podía disponer de empleados que se abocaran a la supervisión de la probation y ni el tribunal ni el juez de ejecución asignaron otro sitio para el cumplimiento de las tareas. En 2010, el juez de ejecución tuvo por cumplidas las condiciones establecidas por el tribunal para la suspensión del proceso, con la aclaración de que no poseía constancias de pago de las cuotas. El probado abonó cuatro de las cuotas acordadas en forma consecutiva en 2009 y, luego de ser citado en varias oportunidades, otras dos cuotas en 2011. En 2012, con motivo de una nueva citación, se presentó en el tribunal e informó que su esposa había fallecido como consecuencia de una larga enfermedad y que saldaría los pagos a la brevedad. En 2013, el tribunal revocó la suspensión del juicio a prueba. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.