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20-mar-2020Zagaz Carvallo (causa N° 42727)Una mujer que vivía con VIH se encontraba detenida en un Complejo Penitenciario Federal. La mujer se hallaba en una situación económica precaria y desde su detención la dinámica familiar se había visto afectada. En noviembre de 2019 su defensa solicitó que se le conce-diera la excarcelación. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Luego, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El informe socio ambiental elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sostuvo que se encontraban dadas las condiciones para que la impu-tada ingresara a la Dirección de Asistencia de Personas bajo vigilancia electrónica. En el curso de dichas actuaciones, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Por tal razón, el 13 de marzo del mismo año la Cámara Federal de Casación Penal dictó una Acordada por medio de la cual advirtió so-bre los riesgos que corren las personas privadas de la libertad en establecimientos peniten-ciarios.
7-feb-2014M, JCEn 2009, el tribunal oral concedió a una persona la suspensión del juicio a prueba por un año. Los hechos imputados habían ocurrido entre 2001 y 2002. El probado se comprometió a realizar tareas comunitarias en un hospital público y al pago de doce cuotas en concepto de reparación. Sin embargo, el hospital informó que no podía disponer de empleados que se abocaran a la supervisión de la probation y ni el tribunal ni el juez de ejecución asignaron otro sitio para el cumplimiento de las tareas. En 2010, el juez de ejecución tuvo por cumplidas las condiciones establecidas por el tribunal para la suspensión del proceso, con la aclaración de que no poseía constancias de pago de las cuotas. El probado abonó cuatro de las cuotas acordadas en forma consecutiva en 2009 y, luego de ser citado en varias oportunidades, otras dos cuotas en 2011. En 2012, con motivo de una nueva citación, se presentó en el tribunal e informó que su esposa había fallecido como consecuencia de una larga enfermedad y que saldaría los pagos a la brevedad. En 2013, el tribunal revocó la suspensión del juicio a prueba. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.