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FechaTítuloResumen
8-jul-2020Báez (reg. N° 1011 y causa N° 9630)Un hombre había sido procesado con prisión preventiva por el delito de lavado de activos agravado por la realización de los hechos con habitualidad. En otra causa iniciada en 2016 y desarrollada en el marco de la misma investigación llevaba detenido cuatro años y dos meses. El imputado tenía 64 años, arritmia, hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria y diabetes. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. En ese sentido sostuvo que su asistido pertenecía al grupo de riesgo frente al COVID-19 y que se habían confirmado casos positivos dentro del Servicio Penitenciario Federal. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo, ponderó el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones y en que el posible entorpecimiento de la investigación no dependía del encarcelamiento. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera explicó que subsistía un grave riesgo de ocultamiento de las sumas de dinero que habrían sido expatriadas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones indicó que la inexistencia de controversia entre el pedido de la defensa y el dictamen de la fiscalía impedía al tribunal rechazar la excarcelación solicitada.
20-mar-2020Carlevaris (causa N° 55559)Un hombre se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal I. Su defensa solicitó su excarcelación, que fue rechazada por el Tribunal Oral. Luego el Coronavirus fue declarado pandemia. La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación requirió a los establecimientos penitenciarios que informaran qué personas se encontraban comprendidas dentro del grupo de riesgo. El informe señaló al hombre como una de las personas que lo integraban. Por tal razón, su defensa requirió nuevamente su excarcelación. En su presentación invocó la Resolución DGN N° 285/2020 que recomendó la renovación de los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas que se hallaran comprendidas en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia. La fiscalía se expidió de forma favorable. En su dictamen ponderó el contexto de superpoblación del sistema penitenciario y que el hombre se encontrara en la nómina de personas de riesgo. Además, señaló que ante la situación de emergencia sanitaria se había limitado el funcionamiento de los tribunales, por lo que en lo inmediato no iba a ser posible llevar adelante el juicio que resolviera su situación procesal.