Carpinetti (Causa N° 36150)

Abstract

En junio de 2024, un grupo de ocho personas realizó la reserva de un departamento para alquilar de manera temporal. Para obtener las llaves de ingreso, aportaron dos números de teléfono y enviaron un comprobante de pago apócrifo. Una vez que accedieron al edificio, sustrajeron una moto y seis bicicletas —al menos una de ellas mediante la previa rotura de los accesos a la baulera— que tenían distintos propietarios. Además, del interior de la vivienda se apoderaron de un televisor, un microondas, una cafetera, una tostadora y una pava eléctrica. Por ese hecho, uno de los hombres involucrados fue imputado por el delito de robo en poblado y en banda en calidad de coautor. En ese contexto, su defensa solicitó la suspensión del proceso a prueba. Requirió la concesión del instituto por el plazo de un año. Además, hizo énfasis en las condiciones personales, laborales, familiares y económicas de su asistido. Al respecto, ofreció una reparación de $100.000 en dos cuotas a cada una de las personas damnificadas. El representante del Ministerio Público Fiscal prestó conformidad y consideró razonable la reparación ofrecida. Sin embargo, agregó que el plazo de la suspensión debía ser de tres años. De todas maneras, el juez que intervino rechazó la solicitud de la defensa. Entre sus argumentos, consideró que la finalidad del instituto era evitar el juzgamiento de los casos de “menor trascendencia penal” y que los hechos de este suceso impedían calificar a las acciones endilgadas de esa manera por lo que resultaba necesario celebrar un juicio oral y público. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.