Zambrano, Rodríguez y otros v. Argentina

Abstract

Un hombre se desempeñaba como agente encubierto para la Policía de la provincia de Mendoza. Luego, comenzó a recibir amenazas y hostigamiento por parte de otro policía. En marzo del 2000, el hombre recibió una llamada telefónica de un tercer miembro de la fuerza, quien lo citó a una reunión. Entonces, al día siguiente el hombre se dirigió al lugar de la cita en su automóvil, acompañado por un amigo de la infancia que trabajaba en un comercio. A las pocas horas, los familiares de ambos hombres advirtieron que no tenían noticias de ellos. Además, desconocían el sitio exacto al que habían concurrido. Dos días después, apareció el vehículo con manchas de sangre en su interior. En ese contexto, los parientes denunciaron la desaparición de los hombres a fin de que las autoridades averiguaran su paradero. En junio, hallaron sus cuerpos enterrados en una zona baja del área montañosa de Godoy Cruz, a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza. La pericia forense concluyó que fallecieron por el impacto de proyectil de arma de fuego. Frente a lo sucedido, el Ministerio Público provincial acusó al agente policial que había proferido amenazas por el delito de doble homicidio calificado con alevosía. También acusó en carácter de partícipe al hombre que los había trasladado al lugar donde fueron ejecutados. En 2004, la Séptima Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza absolvió a los acusados. Para decidir de esa manera, entendió que no se había demostrado su responsabilidad penal. Asimismo, declaró nulo el procedimiento debido a que observó vicios en la etapa de instrucción. En concreto, sostuvo que se había convocado para brindar declaración testimonial al hombre acusado de haber actuado en calidad de partícipe. En ese marco, él se había autoincriminado. Pese a ello, el proceso no se suspendió y se lo imputó. Sin perjuicio de lo resuelto, la cámara expresó que las autoridades judiciales competentes debían continuar las investigaciones. Contra lo decidido, los familiares de las víctimas interpusieron un recurso de casación, que fue rechazado por la Suprema Corte provincial. En 2024, el caso fue sometido por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión alegó la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada y ejecución de los hombres. En esa oportunidad, especificó que en la consumación de los hechos habían intervenido agentes estatales que formaban parte de la policía de Mendoza. Añadió que, pese al transcurso de más de dos décadas, las autoridades internas no habían llevado a cabo una investigación diligente que permitiera esclarecer lo ocurrido. Concluyó así que los acontecimientos habían ocasionado una afectación a la integridad personal de sus familiares. Por su parte, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional.