Aguirre (reg. N° 52 y causa N° 6072)

Abstract

Una mujer había sido imputada por el delito previsto por el artículo 125 bis, primer y tercer párrafo, del Código Penal según la ley N° 25.087. En la etapa de juicio oral, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. Allí, se encuadraron los hechos en la figura de facilitación de la prostitución ajena y se solicitó la pena de cuatro años de prisión. El fiscal agregó que, en caso de que se homologara el acuerdo, solicitaba que se unificara esa pena con una anterior en una pena única de cinco años de prisión. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal informó que su teoría del caso difería de la descripción de los hechos efectuada en el requerimiento de elevación a juicio. En ese sentido, consideró que la imputada no había formado parte de la propuesta engañosa por la que la víctima había comenzado a ejercer la prostitución ya que sólo se limitó a facilitar su ejercicio en su local. Finalmente, enfatizó que –al tener carácter de continua la conducta requerida en la elevación a juicio¬– se debía aplicar la ley N° 26.842 por ser la más benigna. La imputada prestó su conformidad al trámite abreviado, reconoció la existencia de los hechos, su intervención y consintió la calificación y la pena unificada.

La Defensoría Pública de Víctimas, en representación de la querellante S.A.N.V., solicitó el rechazo del acuerdo. En primer lugar, mencionó que luego de la audiencia preliminar y a pesar de que había puesto de manifiesto la voluntad de la querellante de formar parte de la discusión sobre los términos de un posible acuerdo, no había recibido ninguna propuesta. Agregó que no debía ignorarse que en el presente caso el deber de obrar con debida diligencia del Estado argentino se encontraba reforzado, dado que la víctima presentaba condiciones de vulnerabilidad determinadas por su género y situación de pobreza. Por otra parte, aseveró que los términos del acuerdo arribado contrariaban disposiciones convencionales que podrían traer aparejada la responsabilidad internacional del Estado ante la falta de juzgamiento de hechos que involucraban violencia de género en su modalidad de violencia sexual. Asimismo, especificó que, de homologarse el acuerdo se prescindiría de la realización del debate oral contra el consentimiento expreso de la víctima, vulnerándose su derecho de acceso a la justicia y de ser oída. Finalmente, indicó que el acuerdo omitía considerar cualquier tipo de reparación y que el silencio de las partes no podía desplazar el derecho de las víctimas a una reparación integral, garantizado por la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y otros instrumentos internacionales dirigidos a la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres.

El tribunal interviniente celebró una audiencia con carácter reservado –a fin de evitar su eventual revictimización– para escuchar a la víctima. La audiencia fue grabada para que las partes accedieran y pudieran ejercer su debido control. Luego, rechazó el acuerdo de juicio abreviado. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó la falta de motivación de la sentencia y cuestionó la realización de la audiencia sin la participación del acusador público.