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| Fecha | Título | Resumen |
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| 26-mar-2021 | Vicky Hernández y otras v. Honduras | Una mujer trans era trabajadora sexual y una reconocida activista por los derechos humanos de las personas trans en Honduras. Debido a su identidad de género, había sufrido varios episodios de violencia y discriminación por parte de las fuerzas de seguridad. El 28 de junio de 2009 un golpe de estado derrocó al presidente constitucional y declaró un toque de queda. Esa noche, la mujer salió a trabajar con dos compañeras. En un momento, una patrulla de policía las descubrió e intentó arrestarlas. Las compañeras lograron huir y perdieron contacto con la mujer. Al día siguiente, su cuerpo apareció sin vida en la vía pública junto con un preservativo usado. El cuerpo presentaba heridas irregulares y una perforación de arma de fuego. En el acta de levantamiento, el cadáver fue registrado como “desconocido de sexo masculino”. La fiscalía interviniente abrió una investigación penal con el nombre masculino asignado al nacer y realizó algunas diligencias. Sin embargo, la investigación no permitió esclarecer los hechos. Por este motivo, la familia de la mujer presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión consideró que Honduras era responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, libertad de expresión, igualdad y no discriminación y protección judicial. A su vez, formuló recomendaciones al Estado. Sin embargo, el Estado no informó a la Comisión el cumplimiento de las recomendaciones emitidas. En consecuencia, la Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. |
| 2-jul-2025 | Rodríguez Pighi y otros v. Perú | Entre 1980 y el 2000 se desarrolló un conflicto armado en Perú que motivó distintas declaraciones de estado de emergencia. En ese contexto, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas que circulaban por la vía pública. Entre ellos, estaban los hermanos Gómez Paquiyauri y Rodríguez Pighi, un estudiante de medicina que caminaba por el lugar y al que trasladaron a una base de radio patrulla. Horas más tarde, el joven estudiante fue ingresado sin vida a un hospital. La autopsia señaló la presencia de cuatro heridas de bala y diversos golpes sobre el cuerpo, y concluyó que se trató de una muerte violenta. A partir de la denuncia presentada por el padre de la víctima junto al padre de los hermanos Gómez Paquiyauri, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior condenó a diversos integrantes de las fuerzas de seguridad intervinientes en calidad de autores materiales. En ese sentido, se constató el propósito de dispararle a la víctima para dar forma a una coartada que lo haga parte del presunto enfrentamiento en la vía pública. Pese a la impugnación de la decisión, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Luego, el Quinto Juzgado Penal requirió el pago de la reparación civil a cargo de las personas condenadas; si bien constaban depósitos parciales en el Banco de la Nación, al momento de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no había prueba que indicara el pago total. Por otra parte, las investigaciones judiciales orientadas a responsabilizar a los autores intelectuales no prosperaron. En distintas oportunidades, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Perú tomaron acciones para reiterar órdenes de captura en contra de los presuntos autores intelectuales. Sin embargo, la Segunda Sala Penal Superior de la Corte del Callao no hizo lugar a la pretensión y, con posterioridad, declaró la prescripción de la acción penal. |
