Buscar por Juez/a Nicolás Toselli
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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 21-jun-2022 | Velázquez (Causa N° 19687) | Desde fines de la década del sesenta se conformó un grupo cerrado que operó bajo la apariencia de un instituto de yoga con discurso religioso. Bajo esa fachada, el líder del grupo y otros miembros captaron a personas en situación de vulnerabilidad, las trasladaron entre Argentina y Venezuela y las sometieron a un régimen de control, servidumbre y explotación sexual y laboral. Con el tiempo el grupo se asentó en un hotel de Mar del Plata, donde se organizó el trabajo de la congregación y se concentraron bienes y ganancias bajo la dirección de la cúpula de la organización. En ese contexto, el líder impuso relaciones sexuales entre los integrantes de menor jerarquía. Esto produjo nacimientos y se alteró la identidad de los hijos mediante inscripciones falsas. En 2018 el hotel fue allanado. Se detuvo al líder, se secuestró un importante arsenal de armas y municiones y se registraron conductas de obstrucción a la justicia por parte de integrantes del grupo. La causa se elevó a juicio oral por trata de personas con fines explotación sexual y laboral, abusos sexuales, alteración de la identidad, resistencia y tenencia de armas, junto con pedidos de decomiso y reparación para las víctimas. |
| 14-sep-2026 | Andia Ormeño (Causa N° 20197) | Un hombre se encontraba privado de su libertad por un delito vinculado a la ley de estupefacientes. Luego de dos años detenido bajo el régimen penitenciario general, el Servicio Penitenciario Federal lo incorporó al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR). La defensa técnica instó el control judicial de la decisión administrativa y cuestionó la constitucionalidad de la resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación que implementó el SIGPPLAR. Sin embargo, el tribunal interviniente rechazó los planteos. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación que, por mayoría, fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal. Luego, la autoridad penitenciaria llevó a cabo una nueva evaluación y mediante las Actas N° 12/2026 y 141/2026 dispuso que el hombre debía permanecer en el régimen de alto riesgo. En consecuencia, la defensa instó nuevamente el control judicial de las actas y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del régimen. Entre sus argumentos, sostuvo que la decisión del SPF resultaba arbitraria, genérica y no había ponderado la evolución institucional de su asistido. En ese sentido, señaló que el régimen especial violaba el principio de resocialización y no sostenía una metodología estable para determinar los niveles de riesgo. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que no se hiciera lugar a la reedición del planteo de inconstitucionalidad de la Resolución N° 35/2024 oportunamente resuelto. Sin embargo, consideró que la reevaluación llevada a cabo por el Servicio Penitenciario Federal privilegiaba elementos negativos y omitía datos favorables de la evolución institucional. De esa manera, concluyó que debía declararse la nulidad de las Actas N° 12/2026 y N° 141/2026, y excluir a la persona detenida del régimen de alto riesgo. |