Buscar por Juez/a Daniel Horacio Obligado
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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 26-sep-2019 | Tomasi (Causa N° 6023) | Cinco personas tenían un prostíbulo que funcionaba bajo la apariencia de bar en el centro de la ciudad. El establecimiento contaba con escondites para evitar que las mujeres fueran encontradas durante las inspecciones municipales y los allanamientos. Muchas de ellas fueron captadas mediante avisos de diario en los que se buscaban camareras. Tras un procedimiento policial, se identificaron diecisiete víctimas vulnerables. De las investigaciones realizadas en la instrucción surgió que, al llegar, eran sometidas sexualmente por los dueños, a modo de “bautismo”. Luego, eran explotadas sexualmente dentro del establecimiento y también fuera de él, en hoteles y domicilios particulares. Las sometían mediante un sistema de deudas, les prohibían hablar entre ellas, les cambiaban sus nombres, las amenazaban y las golpeaban. Los imputados, además, fueron acusados de haber realizado “subastas”, durante las cuales las mujeres desfilaban y los “compradores” ofrecían un precio. Esto sucedió, por ejemplo, con una de las víctimas. El hombre que la “compró” la dejó embarazada. Luego, la golpeó y la obligó a ingerir pastillas para que abortara. Asimismo, afirmó haber sido “comprada” por cinco hombres, que la llevaron a un departamento y abusaron de ella durante tres días seguidos sin preservativo, sin darle de comer y obligándola a consumir drogas. Cuando logró escaparse, la víctima concurrió a hacer la denuncia a la Comisaría N° 25 de la Ciudad, pero los policías no se la tomaron. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió la elevación de la causa a juicio por los delitos de trata de personas agravada con fines de explotación sexual, reiterado en dos oportunidades; explotación de la prostitución ajena agravada, en una sola oportunidad; explotación de la prostitución ajena en trece oportunidades, conforme ley N° 26.842; y explotación de la prostitución ajena en dos oportunidades según la antigua redacción del Código Penal, todo ello en concurso ideal con el delito de sostenimiento de casa de tolerancia, según el artículo 17 de la ley N° 12.331. La víctima que denunció haber sido subastada se constituyó como querellante y actora civil. |
| 28-mar-2023 | Rojas (Causa N° 7774) | Una mujer había explotado sexualmente a dos menores de edad de 14 y 15 años en un prostíbulo. No las dejaba salir y les suministraba drogas, lo cual les provocó un ostensible daño físico y psicológico. La policía de la Capital Federal alertaba a la mujer respecto de los allanamientos para que pudiera evadir el accionar de la justicia. Al momento de los hechos, aún no se había sancionado la Ley de Trata de Personas. Así, fue condenada por el delito ordinario de facilitación de la prostitución de menores de edad. No obstante ello, el tribunal ordenó el decomiso del dinero secuestrado en el allanamiento y del inmueble donde había transcurrido la explotación, además de la afectación de dichos bienes al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, para que fueran aplicados a la restitución de derechos y realización del plan de vida de las víctimas. El dinero fue entregado a las damnificadas. Sin embargo, con posterioridad, en el marco de un incidente de ejecución, se controvirtió el procedimiento para ejecutar el inmueble. Las víctimas, a través de su patrocinio letrado, solicitaron el pago urgente y directo, mientras que el representante del Ministerio Público Fiscal peticionó que el bien fuera inscripto a nombre del Estado Nacional en el registro de la propiedad y asignado al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, por medio del Comité Ejecutivo. |