Buscar por Voces OBLIGACIONES CONCURRENTES
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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 5-nov-2020 | CC (causa N° 38028) | Dos hermanas adolescentes fueron víctimas del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal en el predio conocido como “Viejos Talleres” del ex Ferrocarril Sarmiento en la Municipalidad de Morón, provincia de Buenos Aires. Su madre, por derecho propio y en representación de sus hijas, interpuso una demanda contra el Estado Nacional, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Municipalidad de Morón y las firmas Trenes de Buenos Aires SA (TBA SA) y América Latina Logística Central SA (ALL Central SA). La presentación individualizó la conducta irregular de la empresa concesionaria y reprochó a la CNRT no haber realizado un control adecuado del modo en que la misma llevaba a cabo sus obligaciones contractuales. En consecuencia, solicitó que se ordenase el pago de un resarcimiento patrimonial por los daños y perjuicios sufridos. Por su parte, la CNRT sostuvo que correspondía a a la empresa concesionaría mantener el buen estado del predio. El juzgado hizo lugar a la acción de manera parcial. Contra esa decisión interpusieron un recurso de apelación la parte actora, el Estado Nacional, la CNRT y la firma ALL Central SA. |
| 16-abr-2026 | PSB (Causa N° 440) | Una mujer inició una demanda de alimentos en representación de sus dos hijos menores de edad. En ese marco, el juzgado fijó alimentos provisorios y ordenó retener un 30% de los haberes que percibía el progenitor como trabajador en relación de dependencia. En ese sentido, dispuso que la medida debía ser cumplida por la empresa empleadora mediante la retención de los importes correspondientes y su depósito en la cuenta judicial. La empresa empleadora fue notificada. Ante el incumplimiento, el defensor oficial solicitó una nueva intimación en la que se incluyeran apercibimientos severos ante la eventual persistencia del incumplimiento. Entre las medidas, pidió la imposición de sanciones pecuniarias progresivas por cada día de demora, la extensión de responsabilidad solidaria por la deuda alimentaria, la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios y la remisión de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal local ante la posible comisión del delito de desobediencia judicial. Luego, solicitó al banco que informara si se habían depositado los montos adeudados. Ante la respuesta negativa por parte de la entidad, el juez ordenó una nueva notificación a la empresa. En esa oportunidad, le advirtió que aplicaría una sanción económica por cada día de demora en el pago. Debido a una nueva notificación frustrada, el juez impuso la suma de $ 50.000 como sanción económica diaria. En un segundo intento, se logró notificar a la empresa. Pese a todas las intimaciones, la compañía no cumplió. En ese contexto, el defensor oficial solicitó que se hiciera efectiva la multa diaria fijada a modo de apercibimiento. |