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Título : DADLA (Causa N° 10638)
Fecha: 30-jun-2026
Resumen : Una mujer sufrió la sustracción del dinero que tenía depositado en su cuenta bancaria, mediante una maniobra fraudulenta consistente en la duplicación de la tarjeta SIM de su teléfono celular. Por ese motivo, demandó por daños y perjuicios a la empresa de telefonía móvil y citó como tercero al banco. El juzgado de primera instancia hizo lugar al reclamo y condenó a ambas entidades, de manera solidaria, a indemnizar a la mujer por los daños emergentes, moral y punitivo, con más los interés y costas. Para arribar a esa decisión, sostuvo que se trató de un caso de SIM swapping, que implica que un tercero logra que la compañía telefónica le transfiera el número de la víctima a una tarjea SIM que se encuentra en su poder, con el propósito de suplantar su identidad e interceptar las llamadas y los mensajes que le son dirigidos. Expresó que se trata de una práctica riesgosa, dado que numerosos servicios en línea, incluidos los bancarios, utilizan el número de teléfono como método de verificación de identidad. En ese sentido, consideró que la prestadora del servicio de telefonía móvil incumplió con su obligación de tomar las medidas de seguridad adecuadas para identificar a los usuarios y, de ese modo, evitar la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado de sus datos. Afirmó también que la sola transgresión de ese deber resulta suficiente para generar responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados. Además, atribuyó responsabilidad al banco por la fragilidad de su sistema de seguridad, que no permitió detectar el carácter sospechoso de las transferencias realizadas en un breve lapso y por montos elevados. Además, remarcó que la obligación de seguridad en los servicios bancarios digitales conlleva un deber reforzado, cuyo incumplimiento configura responsabilidad objetiva. Contra esa resolución, los apoderados de las compañías interpusieron recursos de apelación. En sus presentaciones, cuestionaron la responsabilidad atribuida y la indemnización fijada.
Decisión: La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín rechazó los recursos interpuestos por la empresa de telefonía móvil demandada y la entidad bancaria citada en garantía. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia. Para resolver de ese modo, entendió que, por tratarse de un hecho previsible y evitable, ambas proveedoras debieron adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedir que un tercero accediera a la cuenta bancaria de la actora mediante la duplicación de su tarjeta SIM (jueces Volta y Castro Durán).
Argumentos: 1. Usuarios y consumidores. Telefonía celular. Bancos. Maniobra fraudulenta.
“[L]a maniobra fraudulenta denominada ‘SIM Swapping’ consiste en la duplicación de la tarjeta SIM (chip) de los teléfonos celulares. Esta tarjeta identifica al usuario en la red de telefonía móvil; por lo que, la habilitación de la misma a un tercero, le permite a éste apoderarse de la línea de la víctima y acceder a toda la información personal contenida en ella: contactos, redes sociales, correo electrónico, mensajería, aplicaciones, etc. En este caso, la apropiación por parte de un tercero de los datos personales de la usuaria accionante, estuvo facilitada por el incumplimiento del deber de seguridad a cargo de la proveedora demandada. Este incumplimiento del deber de seguridad quedó configurado por la falla en la validación de la identidad de la titular de la línea, ya que mediante la duplicación del SIM sin su consentimiento, se habilitó a otra persona a suplantarla en su utilización (arts. 5 y 6 ley 24.240). Evidentemente, el sistema de autogestión adoptado por la demandada, consistente en la formulación de una serie de preguntas aleatorias, no resultó adecuado para evitar que un tercero, suplantando a la actora en la gestión de habilitación de la tarjeta SIM, haya logrado acceder a línea de la misma y apoderarse de todos los datos cognoscibles por tal vía. El sistema de autogestión, no reúne los recaudos de seguridad de amerita la gravedad de las consecuencias que puede acarrear la maniobra de SIM Swapping. Viene al caso mencionar que, ante el aumento exponencial de delitos perpetrados a través de esta maniobra, propiciado por la falta de adopción de protocolos idóneos para verificar la identidad de los titulares de las líneas telefónicas; el Ente Nacional de Comunicaciones, por medio de la Resolución 263/2023, exigió a las prestadoras del servicio, la incorporación de mecanismos efectivos de seguridad para solicitudes que sean consideradas potencialmente riesgosas, como por ejemplo, la habilitación de una tarjeta SIM. A tal efecto, se exige la utilización de datos biométricos o de múltiples pasos o factores de validación (conf. Gabriela A. Abad, 'SIM SWAPPING: Responsabilidad por daños de las Empresas Prestadoras de Servicios de Comunicaciones Móviles y Entidades Bancarias'…). [E]n cuanto al Banco […] cabe señalar que las entidades de este sector impulsan, cuando no imponen, la utilización de la banca electrónica, por las ventajas económicas y operativas que la misma conlleva. Por ello, no pueden desentenderse de los riesgos que esta modalidad genera, trasladándolos al usuario que es la parte más vulnerable del sistema. Además, el sistema de banca electrónica es desarrollado y controlado por el banco como proveedor del servicio financiero; por ello, es esperable que el mismo pondere los riesgos previsibles, con el objeto de proteger a los usuarios. Con este objetivo, el sistema que adopte el banco debe tener aptitud suficiente para evitar, en la mayor medida posible, que terceros que accedan a las cuentas de los usuarios, les causen perjuicios a éstos, aún cuando ese acceso haya tenido lugar por la obtención, mediante algún ardid, de las claves y contraseñas de seguridad. Aún en estos casos, el sistema del banco debe contar con tecnología idónea para detectar operaciones sospechosas por falta de habitualidad en su realización. Resulta muy útil en este aspecto, que el banco tenga configurado el perfil negocial del cliente, perfil que servirá de parámetro para adoptar medidas de seguridad, cuando se advierta que en la cuenta del mismo se están intentando realizar operaciones que, por inusuales, resultan sospechosas. Esta medida está prevista en la Comunicación A 7224 del BCRA, del 10/3/2023, por la que se impone a los bancos establecer perfiles de comportamiento de los usuarios y sistemas que detecten actividades inusuales de los mismos. [L]a circunstancia de que la sentencia sea ejecutable contra el tercero interviniente en el proceso, no viola el principio de congruencia al condenar a quien no fue demandado por el actor, por cuanto al dictarse aquella puede hacerse mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso (conf. SCBA; sent. del 22/5/2013 recaída en causa C 113331 'Barsocchini, Roxana c/ Bertiche, Germán s/ Daños y perjuicios' y sent. del 10/3/2010 recaída en causa C.103.999 'Zárate, Patricia y otro c/ Cortea, Laura y otros s/ Daños y perjuicios’) …”.
2. Usuarios y consumidores. Daños y perjuicios. Daño moral. Daño punitivo.
“[E]l incumplimiento de las proveedoras dio lugar a numerosas actuaciones infructuosas que precedieron al presente proceso, cuyo inicio fue necesario para que a la actora le fuera finalmente reconocido íntegramente su derecho. Antes de ello, tuvo que transitar por las sedes administrativa, prejudicial y judicial en su débil posición de consumidora; peregrinaje que genera la lógica presunción de padecimiento de un malestar anímico generador de daño moral; cuya indemnización fue prudentemente fijada por la juez de origen, para que la actora obtenga las satisfacciones sustitutivas o compensatorias que puedan mitigarlo (arts. 1741 CCyC). Del texto del artículo 52 bis de la ley 24.240 (según ley 26.361) se desprende un único requisito para la procedencia del daño punitivo, que es el incumplimiento del proveedor de las obligaciones legales o contractuales con el consumidor. En dicha norma no se hace referencia alguna a la conducta de los proveedores, ni se exigen valoraciones subjetivas, tales como la gravedad de esa conducta, ni la intención de dañar, ni el ánimo de lucro subyacente al incumplimiento; valoraciones que quedan reservadas para la cuantificación de la pena. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia tiene dicho que ‘...La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador, ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva, ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Solo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales...’ (sent. del 17/10/2018 recaída en la causa C119562 'Castelli, María Cecilia c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ nulidad de acto jurídico’) …”.
Tribunal : Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín
Voces: BANCOS
DAÑO MORAL
DAÑO PUNITIVO
DAÑOS Y PERJUICIOS
TELEFONÍA CELULAR
USUARIOS Y CONSUMIDORES
Aparece en las colecciones: Jurisprudencia nacional

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