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Título : FNRM (Causa N° 62426)
Fecha: 10-sep-2025
Resumen : Una agente penitenciaria tomó conocimiento a través de una excompañera que se habían difundido imágenes íntimas suyas y de su pareja en un grupo de Whatsapp conformado por cuarenta oficiales del Servicio Penitenciario Federal. Esas fotografías habían sido enviadas por la mujer a su pareja mediante ese servicio de mensajería. Entonces, la mujer infirió que un compañero las había sustraído de su computadora laboral, dado que ella había cambiado de celular y no había guardado copia de los referidos archivos. Al mismo tiempo, la mujer comenzó a recibir mensajes de otros miembros del SPF que habían recibido las fotos. En ese marco, se enteró no solo que habían hecho “stickers” con su imagen, sino que además le atribuían vínculos sexoafectivos con otras personas. En ese contexto, la mujer inició una denuncia penal ante el Departamento de Investigaciones de Delitos informáticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, se imputó a dos agentes penitenciarios por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En paralelo, la mujer los demandó por daños y perjuicios. En su presentación, los acusó de haber incorporado las fotografías en el chat grupal. Luego, se presentó uno de los demandados. En esa oportunidad, expresó que, si bien formaba parte del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, no conocía a la actora ni había trabajado con ella, por lo que nunca habían compartido computadora laboral. Indicó que en las constancias fotográficas agregadas al expediente no se identificaba a la mujer. Agregó que estaba prohibido el ingreso de dispositivos móviles para todo el personal del SPF, por lo que resultaba imposible el acceso al celular de la accionante o incluso el hackeo de su computadora. Precisó que las imágenes habrían sido publicadas por la accionante o por un tercero en un sitio pornográfico público. Concluyó que la denuncia penal había finalizado en virtud de la homologación de un acuerdo que consistía en la suspensión del juicio a prueba por un año, de acuerdo a lo requerido por la Fiscalía interviniente. Por su parte, el codemandado respondió la demanda y defensas similares. Asimismo, opuso la excepción de falta de legitimación activa.
Decisión: El Juzgado Nacional Civil Nro. 54 hizo lugar a la acción y, por lo tanto, condenó a ambos demandados a abonar a la actora una indemnización junto con los intereses correspondientes dentro del plazo de diez días de quedar firme lo dispuesto (juez Labeau).
Argumentos: 1. Acción civil. Acción penal. Suspensión del juicio a prueba.
“[C]onforme lo establece el artículo 1775 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto la acción criminal hubiere precedido a la acción civil o fuere intentada pendiente ésta, no puede haber pronunciamiento civil antes de la conclusión del procedimiento criminal. Tal norma prevé tres excepciones, a saber, que la acción penal se encuentre extinguida, que la demora del proceso penal configure una frustración efectiva respecto del derecho se ser indemnizado o que la acción civil encuentre su fundamento en un factor objetivo de responsabilidad. En cuanto al recaudo de la sentencia penal definitiva, cabe señalar que tal calidad se ha asignado no sólo al pronunciamiento condenatorio o absolutorio sino también al auto de sobreseimiento definitivo, al sobreseimiento provisional, al auto que declara el agotamiento de la acción criminal, al auto que determina la prescripción de la acción y al resolutorio que ordena el archivo de la causa (pues, en tal caso, mal podría considerarse pendiente la acción). En todos los supuestos, el decisorio debe estar firme, porque la calidad definitiva sólo se adquiere cuando el auto es irrecurrible. [D]ebe preciarse que la ley 24.316, de un modo concreto, en el artículo 76 quáter establece que ‘la suspensión del juicio a prueba hará inaplicable al caso las reglas de la prejudicialidad previstas en los artículos 1101 y 1102 del Código Civil’. [L]a carencia de sentencia condenatoria del acusado en el juicio criminal no impide la posibilidad de dictar proloquio en el proceso civil, sino por el contrario, queda expedita esta posibilidad…”.
2. Violencia digital. Derechos personalísimos. Derecho a la intimidad. Derecho a la imagen. Consentimiento.
“La creciente circulación de imágenes íntimas, particularmente aquellas de contenido íntimo, erótico y/o sexualmente explícito sin consentimiento, a través de medios digitales, ha configurado una de las formas más graves y extendidas de violencia contra la intimidad en la era digital. Cuando dicha difusión acaece, la persona retratada no solo ve violentados derechos fundamentales, como el derecho a su intimidad, reputación e identidad digital, sino que, además, se desencadena un proceso de victimización profunda que afecta dimensiones psicológicas, sociales, patrimoniales y simbólicas. La masividad, inmediatez y persistencia del entorno digital magnifican el daño de la violencia digital. Cada vez que una imagen íntima se reproduce sin autorización, la agresión se reaviva y su alcance se multiplica de forma incontrolable. Esta realidad golpea con particular fuerza a mujeres y diversidades, quienes constituyen la inmensa mayoría de las víctimas. [D]esde hace unos años la fotografía y el video se han instalado en Internet y en las redes sociales. El amplio uso de blogs, mensajería instantánea y redes sociales, la práctica de sacarse ‘selfies’ y de subirlas online en cuestión de un solo clic de un teléfono móvil se ha expandido a límites inimaginables. Cada imagen subida puede ser ‘tagueada’ en redes sociales o se puede encontrar con un buscador de imágenes en segundos. Los buscadores y las redes sociales indexan estos contenidos y forman bibliotecas casi infinitas de datos personales online accesibles en forma gratuita. La emergente sociedad de la información tiene muchos elementos característicos, pero sin duda uno de ellos es la imagen y el video. Muchas de estas fotos y videos no están destinados a ser difundidos pero finalmente terminan en Internet en contra de la voluntad del titular de la imagen…”. “[L]a persona puede prestar su consentimiento para la captación y divulgación de su imagen, entendiendo que dicho permiso siempre debe ser limitado por un plazo o período determinado, y puede ser revocado, resarciéndose los daños ocasionados por dicha anulación. Esta lógica se deriva de que los derechos personalísimos […] son relativamente disponibles, y en relación con el derecho a la imagen cada persona puede, respetando las reglas que establecen el objeto de los actos jurídicos y los contratos (arts. 953, 1167 y concs. del Código Civil), colocar en el comercio su propia imagen, acordando los límites de su presentación, el precio y las modalidades que se pretendan para su difusión […]. Asimismo, y así lo ha dicho la jurisprudencia en diversas oportunidades, el consentimiento prestado para la difusión de la imagen de la persona debe ser interpretado restrictivamente, de modo que, si fue obtenido para un fin determinado, su utilización en un contexto diferente resulta suficiente para configurar la ilicitud del accionar de quien utiliza o difunde el retrato del afectado…”. “La tutela [del] derecho [a la intimidad] encuentra su primera consagración en el art. 19 de nuestra Carta Magna, que expresamente ampara la intimidad de las personas, en conjunto una serie de tratados internacionales (art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 incs. 2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). Partiendo de estas premisas, la doctrina ha señalado que para que un acto sea lesivo de la intimidad deben concurrir ciertos requisitos. Ante todo, debe verificarse un entrometimiento en la vida ajena, esto es, el agente debe obrar un acto que interfiere en el ámbito privado del otro. En segundo lugar, dicha intromisión debe ser arbitraria, en el sentido de que no se encuentre justificada por algún fin superior. Asimismo, ese acto deber perturbar la intimidad del sujeto interferido: la citada disposición legal contiene algunos ejemplos (publicación de retratos, difusión de correspondencia, etcétera), pero en una enunciación que no es taxativa sino meramente ilustrativa. Finalmente, la ley requiere que el acto lesivo no constituya un delito penal, pero incluso si ese fuera el caso es indudable que entraría a funcionar los principios ordinarios de la responsabilidad civil…”.
3. Derecho a la imagen. Servicios de mensajería instantánea. Daños y perjuicios. Legitimación activa. Responsabilidad subjetiva. Dolo.
“[L]a legitimación para obrar es la cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso y que, en la mayoría de los casos, coincide con la titularidad de la relación jurídica sustancial. De tal modo, se entiende, en general, que hay falta de legitimación para obrar cuando el actor o el de demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades. [B]asta con reparar en las constancias colectadas en sede represiva en la que tuvo intervención activa el excepcionante, donde […] ha quedado probado que las fotografías difundidas pertenecían a la actora en estos obrados. De hecho, de la documental aportada en las actuaciones penales, se observan dos grupos de documentos, a saber: por un lado están glosadas las fotos editadas, es decir, con ‘stickers’ ubicados en distintas partes, uno de ellos cubriendo el rostro de Flores; por otro, aparecen las imágenes sin edición, donde se ve claramente la cara y el cuerpo de la demandante en esta sede civil. [E]l codemandado […] acompañó las fotografías que dijo fueron tomadas de la página de internet […].Net, donde se observa claramente el rostro y el cuerpo de la [actora], sin ningún tipo de edición o etiqueta que oculte la imagen. Fuera de ello, […], lo cierto es que al haber propuesto un acuerdo de condena en sede represiva, con el que la actora prestó conformidad, y el Juez penal homologó, mal puede ahora el codemandado deducir la excepción en estudio, al afirmar sin razón que las fotografías objeto de autos no pertenecieron a la promotora de esta demanda…”. “[S]i bien no puede perderse de vista los dichos de los encartados en autos, en cuanto a que en sede penal no hubo condena y el acuerdo que suscribieron lo fue al solo efecto de poner fin a una denuncia mentirosa y que no los perjudique como oficiales de la Policía Federal, lo cierto es que del sometimiento a un acuerdo en sede represiva, participación que les cupo a los [demandados] en los hechos que motivan esta litis; extremo que –en esta causa civil– los encuentra como legitimados pasivos de la presente acción, y de lo que se deriva –como consecuencia directa de lo previsto por los artículos 1724, 1749 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación– el deber de responder que les incumbe por todos los daños y perjuicios acreditados en autos, en vinculación causal al hecho que resulta objeto inmediato de estos obrados. [S]urge que los números de abonados […] pertenecían a los demandados, […]. Al ser ello así, se aprecia que son los mismos números telefónicos que surgen de la prueba documental anexada por la actora a su demanda, y desde los cuales fueron enviadas al grupo de WhatsApp denominado ‘COMPRA-VENTA SPF’ las imágenes intimas de su persona, cuestión que reviste el objeto principal de la presente acción. [E]n cuanto al argumento de los accionados referido a que las imágenes de la actora se encontraban publicadas en la página de Internet ‘[…].net’, de acceso público, es inadmisible concluir en que –de ser efectivamente así– ello implique el consentimiento de la interesada para que esa imagen sea, a la sazón, captada nuevamente y utilizada como intentan justificar los accionados. Por el contrario, sucede que si –eventualmente– la demandante había prestado su consentimiento para la inclusión de su imagen en el sitio de mención, en modo alguno este antecedente permite concluir en que tal supuesta autorización de su parte comportase un consentimiento para la póstuma publicación por terceros de su imagen en la forma en que lo llevaron a cabo los encausados, en el ámbito que lo hicieron. Tal elucubración materializada en los escritos de responde de los demandados, indefectiblemente vinculada a una ejecución que los encontró responsables de la difusión, importó la comisión de una violación inadmisible a un derecho personalísimo de la aquí actora. Resumido el informe pericial informático, cuadra decir que, en el caso, la actividad de los emplazados […] importó tomar una imagen captada, reproducida o puesta en el comercio por otro, y reproducida nuevamente a través de un grupo de WhatsApp, cuyos participantes eran personas del ámbito laboral que compartían, tanto actora como demandados. [A]ún cuando –por vía de hipótesis– se considere que la imagen ya había sido ilegítimamente reproducida, lo cierto es que ello no exime de responsabilidad a los demandados, quienes cometieron un hecho ilícito al tomar las fotos y difundirlas en una aplicación masiva y en un grupo que vinculaba a personas del ámbito laboral. Una conducta marcadamente contraria a todo deber de respeto para con la involucrada y violatoria, por ende, del ordenamiento legal […]. [S]e concluye en que la conducta desarrollada por los demandados importó vulnerar el derecho a la imagen de la actora, como así también su derecho a la intimidad y al honor, al difundir imágenes intimas de esta última, en el marco del ya aludido grupo de WhatsApp, con la ostensible intención de que sean vistas por miembros del Servicio Penitenciario Federal, es decir, por sujetos que compartían, sino el mismo lugar, el mismo ámbito laboral. En adición, a tenor de las condiciones en que fueran divulgadas las fotografías, se desprende la clara intención de burla o zozobra por parte de los encartados. Desde esta perspectiva, el factor de imputación de responsabilidad por el que se condenará a los accionados es –en la especie– de carácter subjetivo, consumada eventualmente una intención deliberada de causarle un daño a la demandante o, en menor medida, en la culpa, traducida en la omisión de diligencias que impone la naturaleza de la obligación de tal modo que refleja una conducta del agente contraria a lo que cabría exigir en las circunstancias del caso y que provocan el perjuicio de un interés ajeno jurídicamente tutelado. En tal aspecto aparece como sinónimo de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos…”.
Tribunal : Juzgado Nacional Civil Nro. 54
Voces: ACCIÓN CIVIL
ACCIÓN PENAL
CONSENTIMIENTO
DAÑOS Y PERJUICIOS
DERECHO A LA IMAGEN
DERECHO A LA INTIMIDAD
DERECHOS PERSONALÍSIMOS
DOLO
LEGITIMACIÓN ACTIVA
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA
SERVICIOS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA
VIOLENCIA DIGITAL
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