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Título : BMR (Causa N° 21682)
Fecha: 4-may-2026
Resumen : Una mujer y un hombre se casaron y tuvieron un hijo. Años después, se separaron. En ese marco, la mujer inició acciones contra su excónyuge tanto por violencia familiar como por alimentos adeudados a favor del hijo en común. En el primero, como medida de protección se impuso al hombre una prohibición de acercamiento a su expareja y de contacto, que incluía al niño. A su vez, se le vedó mencionarla en redes, plataformas de difusión o servicios de mensajería. Sin embargo, tiempo después el hombre efectuó en su cuenta de Facebook una serie de publicaciones sin restricción de privacidad. En ellas expuso que la mujer había sufrido abuso en su infancia y que lo había ejercido contra su hijo. Además, afirmó que había secuestrado al niño y la acusó de realizar denuncias falsas y maliciosas contra su persona. Se refirió a la mujer como “mala madre” y reveló información sobre los conflictos familiares, incluso el nombre del niño y de la mujer, a quien etiquetó. Frente a esa situación, la justicia penal lo condenó a un año y dos meses de prisión en suspenso por el delito de desobediencia. En esa oportunidad, consideró que el hombre había violado las medidas impuestas en el expediente de violencia familiar. En consecuencia, estableció por el término de dos años una nueva prohibición de contacto a la mujer por cualquier vía, excepto con motivo de los asuntos relativos al niño. Luego, la mujer lo demandó por daños y perjuicios. En concreto, señaló que, a través de los referidos posteos, el hombre la había humillado y difamado de manera pública, lo que vulneraba su honor e imagen. No obstante, el juzgado interviniente rechazó el reclamo. Para resolver así, entendió que las publicaciones constituían apreciaciones personales y que una interpretación contraria suponía una intolerancia a la libertad de expresión. Asimismo, observó que la actora no había precisado las frases que, a su criterio, resultaban agraviantes. Contra lo decidido, la mujer interpuso un recurso de apelación. Por su parte, el demandado remarcó que no se habían probado los daños ni el nexo causal con sus publicaciones.
Decisión: La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia de la anterior instancia. Por lo tanto, hizo lugar a la acción y condenó al demandado a abonar una indemnización a la actora más un interés puro del 8% anual desde la fecha de la primera publicación hasta la del pronunciamiento. A ello le sumó un interés a tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual del Banco Nación vencida a treinta días hasta su efectivo pago, a partir de la fecha del dictado del fallo (jueza Abreut de Begher, jueces Fajre y Kiper).
Argumentos: 1. Red social. Facebook. Violencia digital. Principio de dignidad humana.
“[E]l hecho que la actora no hubiera transcripto textualmente en su escrito inicial cada uno de los ‘posteos’ o comentarios que el demandado subió a la plataforma de Facebook, no implica de por sí vaciar de contenido los hechos denunciados en el escrito postulatorio del proceso, máxime cuando cada uno de ellos fue aportado a la causa y, en definitiva, reconocido por el accionado…”. “[N]o puede obviarse que existió un juicio civil por violencia de género y un juicio penal con condena por desobediencia, en los que se encontró responsable al demandado por incumplimiento de la manda judicial. Desoyó a la justicia y por eso fue condenado. [L]o que hoy se juzga en este juicio ya no es la existencia de esas publicaciones que violaron la prohibición judicial ¬–aspecto no controvertido en esta instancia–, sino si ellas eran lesivas para la dignidad de la accionante. De acuerdo con el contexto dentro del cual fueron volcados los comentarios en el muro digital del demandado dentro de la aplicación de Facebook teniendo en cuenta que eran de acceso público, sin restricción, e inclusive con etiquetado de la actora, y mención de su nombre y apellido, como también el nombre de su hijo –realizado sin un mínimo de sentido común para evitar una exposición pública del [niño]– no cabe la menor duda que estaban dirigidas a denigrar y menoscabar la dignidad de su ex cónyuge, so pretexto de defensa de sus derechos. A lo dicho cabe remarcar que también violaba prohibiciones judiciales expresas. Rotularla de mentirosa, mala madre, loca, denunciante falsa y maliciosa, son expresiones que exceden largamente un simple comentario de la situación conflictiva que podría aquejar al accionado por no ver a su hijo. [S]iguiendo el análisis del caso, no puede obviarse que en la raíz del conflicto se observa que fue el mismo demandado quien se colocó en esa situación perniciosa, al provocar denuncias por violencia familiar e incurrir en violencia económica según se desprende del juicio por alimentos. Lo cierto es que no puede justificarse en una suerte de ‘emoción violenta’ la conducta del demandado quien, frente al hecho de la existencia de medidas cautelares de prohibición de acercamiento hacia su hijo y ex cónyuge, tal situación no lo relevaba del respeto que merecía la actora en cuanto a su honor y dignidad, como también de inmiscuirse en su vida privada…”. Existió aquí una intromisión arbitraria a la vida privada de la actora y de su hijo, lo que razonablemente le provocó una perturbación emocional al ver expuesto ante el mundo las miserias humanas de la conflictiva situación familiar provocada por el mismo demandado, quien además la tildó tristemente de una mala madre, mentirosa y loca, entre otras apreciaciones. Opino que no solo son calificativos ‘inconvenientes’ como dijo el juez de gado, sino que son realmente injuriosos. Los comentarios deshonrosos del demandado hacia la actora implicaron una conducta arbitraria ocasionada a través de chats personales en el muro de acceso público, por lo que debe ser responsable de las consecuencias dañosas (factor de imputación subjetivo con dolo o culpa). En este caso existió violencia digital desplegada hacia la actora, con calificativos denigrantes y descalificatorios a su condición de madre, además de exposición pública no consentida de aspectos de la vida privada de los involucrados. Existió acoso u hostigamiento cibernético el cual consiste en actos que provocan o afectan la reputación en línea de las mujeres, al lesionar alguno o varios de sus bienes /derechos digitales, como es la reputación, la libertad, la existencia, la privacidad, etc. La protección a la dignidad invocada por la actora y no respetada por el accionado inclusive con violación a la manda judicial en el proceso civil y el penal encuentra sustento específico en la ley 26.485. Fue violencia simbólica y mediática, conf.art.5 inc,5 y 6 inc. f de la ley 26.485, de la que resulta responsable el accionado por las consecuencias dañosas…”.
2. Daño moral. Indemnización.
“Las imputaciones volcadas en el muro digital del demandado con acceso a todo el mundo, demuestran la gravedad de su accionar y el daño que razonablemente causó a su ex pareja, madre de su hijo. Nuestro máximo Tribunal ha dicho que para la valoración del daño moral debe tenerse en cuenta el estado de incertidumbre y preocupación que produjo el hecho, la lesión a los sentimientos afectivos, la entidad del sufrimiento, su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. CSJN, Fallos 321:1117; 325: 1156; entre otros). Si bien el Código de fondo establece en su nueva redacción que debe fijarse una suma que procure las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, deja al arbitrio judicial la determinación de las cuantías resarcitorias…”.
Tribunal : Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H
Voces: DAÑO MORAL
FACEBOOK
INDEMNIZACIÓN
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA
RED SOCIAL
VIOLENCIA DIGITAL
Aparece en las colecciones: Jurisprudencia nacional

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