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Título : BRA (Causa N° 309)
Fecha: 24-feb-2026
Resumen : Una mujer denunció a su expareja por hechos de violencia digital. En particular, manifestó que el hombre la hostigaba mediante mensajes intimidantes, publicaciones injuriantes y amenazas vertidas a través de medios digitales. Ante esa situación, solicitó el dictado de una medida cautelar consistente en una restricción perimetral de acercamiento del hombre respecto a ella, su familia conviviente y su actual pareja. Ello a fin de preservar su integridad física y psicológica, así como la de sus familiares.
Decisión: El Juzgado de Paz Letrado de Ituzaingó hizo lugar a la medida cautelar e impuso al denunciado una restricción perimetral de acercamiento de mil metros a la redonda del domicilio, lugares de trabajo, estudio o esparcimiento de la mujer, su grupo familiar conviviente y de su pareja actual, por el plazo de ciento ochenta días. En ese sentido, dispuso que la prohibición comprendiera también la suspensión de todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía directa y/o de terceras personas y/o por cualquier medio que significara intromisión con relación a la denunciante y su familia. Asimismo, intimó al hombre a cesar y abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación y/o perturbación física, psicológica o emocional, así como de proferir amenazas– ya sea en forma verbal, telefónica, vía mensaje de texto o por cualquier medio de comunicación– bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal en caso de incumplimiento. Además, le ordenó eliminar el material publicado y abstenerse de subir fotos, videos y/o comentarios sobre la denunciante en redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Tik Tok, entre otras. Por último, lo intimó a que eliminara de todos sus dispositivos cualquier tipo de video e imágenes que contuvieran material privado o íntimo de la mujer, sin que pudiera quedar almacenado en la nube ni registrado en ningún otro sistema o soporte. La orden comprendió también la eliminación de toda cuenta que hubiera creado en redes sociales en nombre de la denunciante, así como el cese del ciberhostigamiento y el stalkeo. Para el cumplimiento de estas medidas estableció un plazo perentorio e impostergable de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de aplicar una multa de un millón de pesos diarios, de proceder al secuestro de sus dispositivos, de solicitar a las empresas de telefonía celular la suspensión de sus líneas y de dar intervención a la justicia penal. Para resolver de este modo, consideró acreditada la existencia de un patrón de hostigamiento por parte del hombre, caracterizado por el envío de mensajes intimidatorios, la realización de publicaciones injuriantes y la formulación de amenazas dirigidas a la parte denunciante a través de medios digitales. Señaló que esas conductas, por su carácter sistemático y persistente, configuraban una modalidad de violencia psicológica y digital, en los términos del artículo 5, incisos 1° y 6° de la Ley N° 26485, que afectaban la integridad emocional, la privacidad y el desarrollo libre de la personalidad de la mujer (juez Miceli).
Argumentos: 1. Violencia de género. Violencia digital. Red social. Vulnerabilidad. No discriminación.
[E]l juzgador debe brindar un contexto resguardador de los derechos de las personas que se encuentran en condiciones desfavorables de especial vulnerabilidad, por hallarse afectadas por cuestiones de violencia familiar. En este orden de ideas, la finalidad de la ley 12.569 es lograr medidas rápidas tendientes a hacer cesar la violencia. Resulta incompatible con la función jurisdiccional en un tema tan delicado, dilatar la toma de decisiones, ello implica incumplir con el objetivo protector de la ley, toda vez que una decisión a destiempo puede acarrear serios perjuicios a las personas que han acudido al juzgado a los fines de solicitar un amparo. Por ello, la legislación vigente le impide al juez quedarse impasible frente a la violencia, en especial cuando tiene a su alcance las facultades que la ley le otorga para poner fin a los episodios de violencia, lo contrario implicaría incurrir en violencia institucional. [C]onforme los principios que emanan de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Para) la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio detales derechos y libertades. Estableciendo que la violencia contra la mujer resulta una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. [T]oda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y este derecho incluye, entre otros el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación, el derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, el derecho a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. [L]a Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que forma parte del bloque normativo constitucional por imperio del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, establece la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantiza, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. [L]as 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad considera en tal estado a aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. [L]a violencia digital mediante redes sociales contra las mujeres, niñas y el colectivo LGTBQI+ representa un obstáculo para el acceso seguro a las comunicaciones e información digital, genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas y limita el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos humanos. Esta forma de violencia puede traducirse en violar la intimidad de las mujeres al filtrar imágenes o videos de contenido sexual sin su consentimiento, sembrar rumores falsos y difamar a una persona con el propósito de dañar su reputación u buscar avergonzarla en las redes sociales, crear perfiles falsos o usurpar su identidad para subir fotos, hacer comentarios ofensivos o incluso hacer ofertas sexuales en su nombre, denigrar a las mujeres al difundir fotos, memes, grabaciones en donde se busque intimidar, agredir, humillar o ridiculizar. También incluye acechar y espiar (Stalked) las publicaciones y comentarios, fotos y todo tipo de información de la víctima en sus cuentas de redes sociales que puede ir desde una simple indagación hasta el deseo de relacionarse para intimidarla y acosarla sexualmente o el acoso y amenaza mediante el envío de imágenes con contenido sexual o mensajes agresivos, hostigadores en redes. [E]n términos de la Ley 26.485, modificada por la Ley Olimpia 27736 y su Decreto Reglamentario 542/23, la violencia digital implica toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar. [L]a violencia de género digital afecta la dignidad digital de las mujeres, en tanto lesiona alguno o varios de sus bienes y/o derechos digitales, en particular, la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad, la inclusión digital o cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la seguridad informática de sus equipos y dispositivos y la indemnidad de su identidad digital, desarrollándose en entornos digitales, incluidos los inmersivos y/o aquellos que se registran en el marco de las tecnologías emergentes y a través del uso medios digitales como las redes sociales, el correo electrónico o las aplicaciones de mensajería móvil…”.
Tribunal : Juzgado de Paz Letrado de Ituzaingó
Voces: NO DISCRIMINACIÓN
RED SOCIAL
VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA DIGITAL
VULNERABILIDAD
Aparece en las colecciones: Jurisprudencia nacional

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