Rosemblun (Causa N° 16969)

Abstract

En 2020, un hombre en motocicleta había arrebatado los celulares de dos mujeres. En consecuencia, se le imputaron los delitos de robo agravado por haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no podía tenerse por acreditada y robo simple. Luego de más de seis años sin que se decidiera sobre el caso, su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. En ese contexto, el tribunal interviniente se comunicó de manera telefónica con las víctimas, les explicó las implicancias del instituto y les informó que el imputado había ofrecido doscientos mil pesos de reparación económica para cada una. Ellas aceptaron, pero manifestaron que no se conectarían a la audiencia. En el marco de la audiencia, la defensa remarcó que el hombre no tenía antecedentes penales, que habían transcurrido más de seis años desde el requerimiento de elevación a juicio y que durante todo ese tiempo no se había visto involucrado en ningún otro proceso penal. A su vez añadió que, ante el panorama menos favorable, podría dictarse una condena que podría ser dejada en suspenso. Además, el hombre se ofreció a realizar tareas comunitarias y manifestó que no reclamaría la motocicleta secuestrada. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso por motivos de política criminal. En ese sentido, sostuvo que el instituto había sido pensado para hechos de poca transcendencia penal y que los arrebatos cometidos con el uso de vehículos y violencia no recaían dentro de esa categoría. En respuesta la defensa afirmó que, si bien la ley establecía que la fiscalía debía dar su consentimiento expreso para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, correspondía al juez la revisión de los fundamentos de su oposición. Por último, afirmó que la resolución 13/19 de la Procuración General de la Nación se encontraba dirigida a los integrantes del Ministerio Público Fiscal y no resultaba de cumplimiento obligatorio para para los jueces.