Torres y otros (causa N° 1169)

Abstract

En dos oportunidades, dos hermanas de dieciséis y diecisiete años intentaron hacer una compra con mil pesos falsos. Por esos hechos, luego de cumplir los dieciocho años fueron indagadas y procesadas por los delitos de estafa y falsificación de moneda. Durante el transcurso de la causa penal, las asistió un abogado de la matrícula. Sin embargo, en la etapa de juicio, el tribunal oral designó a la defensa oficial para que continuara con la representación. En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal había informado que el abogado de las adolescentes había perdido contacto con ellas. Una vez designada, la defensa oficial planteó la nulidad de todo lo actuado. En su presentación, remarcó que el proceso nunca había sido sustanciado bajo las reglas del régimen penal juvenil (decreto-ley 22.278) pese a que las jóvenes eran menores de edad al momento de los hechos. Asimismo, entendió que la omisión en la aplicación de la normativa y la ausencia del defensor de menores desde el inicio del proceso habían afectado derechos y garantías constitucionales y convencionales que ocasionaron perjuicios concretos a las adolescentes. Entre ellos, la ausencia de disposición tutelar y la falta de análisis sobre posibles salidas alternativas al proceso penal que incluían la posibilidad de sobreseimiento de conformidad con el artículo 4 de la ley. Por otro lado, sostuvo que la representación de las jóvenes por parte del abogado particular había sido ineficaz. Específicamente, tuvo en cuenta que el propio letrado no había advertido y/o requerido la aplicación de la normativa penal juvenil en el caso. A su vez, puntualizó que, si bien había apelado el auto de procesamiento, aquel recurso había quedado desierto ante su incomparecencia. Por último, remarcó que en oportunidad de ser citado a juicio no había opuesto excepciones ni presentó prueba. De esa manera, argumentó que la pasividad de quien ofició como defensa hasta ese momento no podía ser atribuida negativamente a las imputadas ni debían soportar las consecuencias de una defensa técnica ineficaz. El tribunal oral rechazó el planteo. Para así decidir, afirmó que las indagatorias fueron recibidas cuando las jóvenes ya eran mayores de edad y que la falta de aplicación del régimen específico no se traducía en la afectación de su derecho de defensa. Asimismo, sostuvo que el planteo se encontraba precluido atento a que las actuaciones ya habían avanzado y se encontraban en etapa de juicio. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. Su denegación motivó un recurso de queja.