FJE (Causa N° 43757)

Abstract

Una mujer, en representación de sus hijos menores de edad, promovió una demanda contra la aseguradora de riesgos del trabajo con el fin de obtener la indemnización correspondiente por el fallecimiento del progenitor de los niños. En ese contexto, la actora celebró un convenio de honorarios con su abogado, que el juzgado de primera instancia homologó sin otorgar intervención previa a la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo N° 4. Una vez que se le notificó de la resolución, la defensoría manifestó su oposición al acuerdo suscripto y sostuvo que no podía producir efectos respecto de los niños. Asimismo, sostuvo que el convenio afectaba directamente a sus asistidos, por ser parte actora y eventuales beneficiarios de la indemnización reclamada, por lo que su intervención resultaba necesaria para proteger sus derechos y bienes ante la omisión de sus representantes legales o a fin de controlar la gestión de estos últimos. Además, recordó que, si bien la ley no prohíbe a los progenitores disponer de los bienes de sus hijos, exige la intervención del Ministerio Público y autorización judicial, que solo corresponde otorgar si el acto resulta más beneficioso para el niño o la niña que su no realización. Por ello, la defensoría interpuso un recurso de apelación contra la resolución que homologó el convenio. En su oportunidad, intervino la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo. En su presentación, señaló, entre otras cuestiones, que, por la fecha en que se suscribió el convenio, resultaba aplicable el artículo 6, inciso c, de la Ley N° 27.423 de honorarios profesionales, que establece que en los asuntos previsionales, de alimentos o con intervención de personas menores de edad que actúan con representante legal, los honorarios pactados no pueden ser objeto de cuotalitis. Agregó que, aun cuando no se considerara aplicable esa norma, lo dispuesto en convenios de honorarios constituye un acto de disposición y no de administración, por lo que los representantes legales estaban impedidos de celebrarlos sin la intervención del Ministerio Público y la autorización judicial. En razón de lo expuesto, entendió que, al no haber intervenido el Ministerio Público ni prestado conformidad al acuerdo, éste resultaba improcedente.