Mapfre Argentina Seguros S.A (Causa N° 1485)

Abstract

Un hombre sufrió un accidente de tránsito en el que perdió la vida. A raíz de este hecho, su cónyuge –por sí y en representación de su hijo menor de edad– inició una demanda por daños y perjuicios contra el conductor del vehículo involucrado y su compañía de seguros. Durante el proceso, la aseguradora alegó la caducidad de la instancia por inacción procesal de la parte actora. El planteo fue rechazado en segunda instancia. Para arribar a esa decisión la cámara, aunque reconoció la falta de actividad procesal por más de un año, consideró que la actora continuó realizando gestiones con regularidad y que la aseguradora aceptó este proceder. Contra esa resolución, la codemandada interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Así, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy hizo lugar al recurso y declaró la caducidad de la instancia. Entre sus argumentos, consideró que verificado el paso del tiempo establecido en la ley provincial la caducidad se producía de pleno derecho y así correspondía declararla. Además, destacó que, si bien advertía la existencia de un niño involucrado en el expediente, la caducidad operaba también contra ellos. Frente a esa situación, la mujer presentó un recurso extraordinario federal, cuyo rechazo motivó la interposición de una queja. En su presentación, afirmó que el planteo de la demandada, efectuado casi dos años después de operada la perención, resultaba extemporáneo. También resaltó la falta de intervención de la defensora de menores e incapaces en las actuaciones principales y manifestó que se le corrió vista por primera vez recién en el incidente de caducidad. En este sentido, entendió que la aplicación directa de la norma local sin tener en cuenta el marco jurídico nacional e internacional de protección de los de los derechos de niños, niñas y adolescentes afectaba el interés superior de su hijo. En esa oportunidad, intervino en las actuaciones el Defensor General Adjunto de la Nación en representación del niño. En su dictamen, sostuvo que las normas relativas a la perención de instancia son de carácter excepcional y deben ser interpretadas con severidad y cautela. Asimismo, señaló que su representado era un niño que no actuaba por sí, sino a través de sus representantes, en una causa destinada a obtener una reparación integral por el fallecimiento de su progenitor en un accidente vial, por lo que la supuesta inacción de aquellos no podía alcanzarlo ni afectarlo. Añadió que durante el proceso se lo privó de la representación prevista en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, en violación del debido proceso y del derecho de igualdad, así como del derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en los procesos que los afectan.