CA (Causa N° 20830)

Abstract

Una mujer inició una demanda por daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de tránsito. Durante el proceso, tomó conocimiento del fallecimiento de uno de los demandados. En virtud de ello, redireccionó la acción contra los hijos del demandado fallecido, en su calidad de herederos, y contra su progenitora, en su carácter de representante legal, por tratarse de personas menores de edad. En ese marco, la actora les notificó la demanda. Luego de transcurrido el plazo correspondiente y dado que no se presentaron en el expediente, la actora solicitó al juzgado que se les tenga por no contestada la demanda. Previo a resolver, el juzgado dio intervención a la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo N° 3. En esa oportunidad, la Defensoría planteó la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al momento en que la actora dirigió la demanda contra los hijos del co-demandado fallecido. Fundamentó su pedido en que, en ese momento procesal, no se le dio intervención en representación de los niños involucrados, lo que los colocó en una situación de indefensión. El juzgado rechazó el planteo de nulidad. Entre sus argumentos, consideró que no se verificó ningún error o vicio procesal que justificara su declaración. También manifestó que la defensoría no cuestionó las diligencias relativas a la notificación del traslado de la demanda. Contra esa decisión, la defensoría interpuso un recurso de apelación. En la segunda instancia intervino la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo. En su dictamen, indicó, entre otras cuestiones, que se vio afectado el derecho de defensa de los niños involucrados en el expediente, derecho de raigambre constitucional, como así también el derecho de acceso a la justicia protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuyo incumplimiento podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado. Por último, remarcó la especial protección que debe observarse con relación a las personas menores de edad, conforme lo establecido en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, así como por la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal. Asimismo, advirtió que la resolución recurrida afectaba la autonomía funcional del Ministerio Público de la Defensa.