Buscar


Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:

Usa los filtros para afinar la busqueda.


Resultados 81-90 de 94.
Resultados por ítem:
FechaTítuloResumen
dic-2021La justicia social en la regulación de cannabis: propuestas para México. Revista Nº 16, Discusiones actuales en torno a la prohibición y regulación de los estupefacientesLa política prohibicionista de drogas es un proyecto que ha fallado en toda América Latina, y México es un claro ejemplo de ello. Violaciones sistemáticas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desplazamiento interno, desapariciones forzadas y la persecución penal de personas usuarias, demuestran que esta aproximación frente a las drogas no solo ha sido ineficaz, sino totalmente contraproducente.
dic-2021Problematizaciones en torno al entramado punitivista desde una mirada transfeminista. Revista Nº 16, Discusiones actuales en torno a la prohibición y regulación de los estupefacientesLa trama de criminalización de las identidades travestis-trans está relacionada desde hace décadas con los códigos de falta, edictos policiales, contravencionales, y recientemente vinculados a la ley de drogas, como también por discursos transodiantes que se masifican en los medios de comunicación reproduciendo mensajes como: “los narco travestis, delincuentes, etc.” un escándalo para el establishment, sostenido en argumentos biologicistas y punitivistas sobre la comunidad travesti trans.
dic-2021Entrevista: “Tenemos que cambiar totalmente el paradigma”. Revista Nº 16, Discusiones actuales en torno a la prohibición y regulación de los estupefacientesEfectos de las políticas de prohibicionistas en materia de drogas en América Latina y, particularmente, los efectos muy negativos en las poblaciones menos empoderadas dentro de las cuales están las mujeres y las mujeres en situaciones de pobreza en particular.
dic-2021Balance de los desafíos y resultados de los modelos de regulación del cannabis en el Estado español. Revista Nº 16, Discusiones actuales en torno a la prohibición y regulación de los estupefacientesEl presente texto pretende analizar los retos y las consecuencias de los modelos -en plural- de regulación del cannabis en España, desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la actualidad
nov-2020Compensación por daños sufridos en el ámbito carcelario y por deficientes condiciones materiales de detenciónEl artículo analiza las razones axiológicas y normativas por las cuales, frente al padecimiento de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el encarcelamiento, los jueces deberían habilitar una reducción de la pena privativa de la libertad. Para ello repasa la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, así como también decisiones emitidas en el contexto local.
nov-2020Revista del MPD N° 15. La defensa de las personas privadas de la libertadHistóricamente, la atención de las personas privadas de la libertad había sido un tema sensible dentro del Ministerio Público de la Defensa; sin embargo, hacia fines del pasado año la Defensa Pública enfrentaba nuevos desafíos, vinculados con la declaración de la emergencia penitenciaria decretada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la propagación, a nivel planetario, de un nuevo virus, el Covid-19, y alertó sobre los riesgos de su expansión. Solo dos meses más tarde, ante la pandemia que afrontaba el mundo entero, la Argentina declaró la emergencia sanitaria nacional. Desde entonces, las cárceles se convirtieron en un foco de especial preocupación. A las habituales condiciones de hacinamiento e insalubridad se sumó la necesidad de paliar la propagación del virus Covid-19 al interior de dichas instituciones de encierro.
nov-2020Caminos alternativos en materia penitenciaria: revisitando el principio de justicia socialEl escenario que evidencian hoy las cárceles de todo el país es dramático e inviable. La superpoblación que presenta todo el sistema penal argentino coloca en una situación de mayor vulneración de derechos a las personas privadas de libertad frente a la ampliación de los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en la toma de decisiones que habilita la emergencia penitenciaria (resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación).; Las políticas de gestión penitenciaria enmarcadas en un Estado democrático y social de derecho deben garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, previstos en nuestra Constitución Nacional desde 1994, como orientación y horizonte de todas las acciones de los actores estatales involucrados en esta materia. En los últimos treinta años, signados por la simbiosis entre el neoliberalismo y la globalización, el proyecto de alcanzar cierto orden social a través de la inclusión de amplios sectores desfavorecidos de las sociedades contemporáneas se torna políticamente cada vez más irreal (Pavarinni 2006).; En este contexto, la cárcel, como institución, se ha puesto al servicio de las exigencias de los gobiernos de la población excedente (Bauman 1998), al mismo tiempo, es atravesada por discursos del riesgo y la inseguridad (Castel 2013) que demandan más severidad en los castigos penales y la profundización, en general, de las prácticas represivas y punitivistas, desplegando verdaderas políticas criminales. Proponemos, entonces, revisitar experiencias que retomen el espíritu de la justicia social como principio, a fin de pensar en alternativas posibles al panorama que nos devuelve la actualidad.
nov-2020Reflexiones críticas sobre la prisión real y materialmente perpetua en ArgentinaDescripicón y análisis del estado de situación en Argentina respecto de las penas indeterminadas en general, y de la llamada prisión perpetua, en particular. Esta respuesta penal y las penas de naturaleza indeterminada han tenido un importante derrotero desde los propios albores del sistema penal federal, que tuvo un capítulo trascedente en 2019, con la aparición del fallo “Álvarez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).; Se hará un breve repaso de las decisiones de política criminal que se han adoptado sobre la cuestión, la posición de la CSJN, y una mirada comparada en el marco del sistema internacional de derechos humanos. Finalmente, se realizarán algunas propuestas que pueden contribuir a pensar formas de adecuación constitucional mínima de esta respuesta penal extrema que hoy, en Argentina, constituye una pena cruel, inhumana y degradante que anula toda perspectiva de reinserción social.
nov-2020El trabajo de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la NaciónLa Comisión de Cárceles fue creada mediante la Resolución Nº 158/98 de la Defensoría General de la Nación. Entre los ojetivos señalados para su creación, se determinó la necesidad de verificación de las condiciones de alojamiento, alimentación y atención médica de las personas privadas de libertad asistidas por el Ministerio Público de la Defensa.
nov-2020Hacinamiento carcelario, COVID-19 y resoluciones judiciales: análisis del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires del 11 de mayo de 2020El presente documento analiza el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires del 11 de mayo del 2020. Se destaca que la decisión fue dictada en un contexto de emergencia carcelaria por el hacinamiento de personas detenidas en prisiones y comisarías, situación que se vio agravada con la emergencia sanitaria por el COVID-19. En ese sentido, el Máximo Tribunal bonaerense trazó cuatro efectos a futuro respecto de la situación de las personas detenidas: a. Afirmó que la decisión adoptada en un proceso de habeas corpus que no implique libertad debe hacerse efectiva solo cuando se encuentre firme, pues entendió que se proyecta sobre esos casos la regla general del efecto suspensivo. b. Dejó un concepto desdibujado y reducido de lo que debe entenderse por un colectivo respecto del que debe adoptarse una decisión en resguardo de sus derechos. c. Negó la aplicación de la ley de víctimas en la provincia, pero dejó sentada la obligación de los jueces de tenerlas en cuenta en las decisiones. d. Fijó estándares relacionados con la coerción y la adopción de institutos de ejecución que multiplican supuestos previstos desde antes en las leyes procesales y de fondo.