Lugo (Causa N° 1778)

Abstract

Una persona migrante vivía en Argentina y tenía dos hijos. Luego, fue condenado a diez años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio. En 2016, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión, y le prohibió reingresar con carácter permanente. El hombre fue notificado en la unidad en la que estaba detenido. En esa ocasión, apeló lo dispuesto. Ante esa situación, la DNM informó a la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación que el hombre había recurrido la orden de expulsión a fin de que tomara intervención. En ese contexto, la Comisión interpuso un recurso en sede administrativa, ya que indicó que lo resuelto afectaba el derecho a la reunificación familiar. En esa oportunidad, la DNM intimó a la defensa pública a que acreditara la personería. Por su parte, la Comisión respondió que no había logrado contactar al asistido. A pesar de ello, pidió que se tuviera por acreditada su legitimación para actuar. Sin embargo, la DNM rechazó el pedido y volvió a notificar al hombre en su lugar de detención. Entonces, el hombre realizó una nota en la que dejó asentado que apelaba y que luego daría los motivos su defensora. Tiempo después, la magistrada de la Comisión envió de manera electrónica una copia de la designación formulada por el hombre. También requirió tomar vista urgente del expediente e hizo saber que impugnaría lo resuelto. Por su parte, la DNM inició el proceso judicial para que se dispusiera la retención del hombre, que fue rechazado por el juzgado de primera instancia. Para decidir así, resaltó que la DNM no había notificado la expulsión a la Comisión del Migrante, lo que había vulnerado el derecho de defensa del hombre. Contra esa decisión, la DNM interpuso un recurso de apelación.