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https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/3923| Título : | Ullate (Causa N° 73543) |
| Fecha: | 23-mar-2021 |
| Resumen : | Un hombre interpuso una acción de amparo contra el municipio Serrano y el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana. Dado que, el hombre era damnificado de la contaminación que se había denunciado en una causa anterior interpuso su reclamo ante el ante el Juzgado Federal de Rio Cuarto que había intervenido en la causa anterior. En esa oportunidad, solicitó que se declarara la nulidad de las obras de canalización y liberación de residuos peligrosos que se encontraban en la laguna de Gregoris. Asimismo, pidió que se ordenara la realización de estudios de impacto ambiental sobre la laguna. Por su parte, el juez federal se declaró incompetente. Para decidir así, expresó que la competencia era originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional. |
| Decisión: | La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la causa no correspondía a la competencia originaria de la Corte de conformidad con lo que dictaminó el Procurador Fiscal. Asimismo, remitió el expediente al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba (ministra Highton de Nolasco y ministros Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz). |
| Argumentos: | 1. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Competencia originaria. “[T]ampoco procede la competencia originaria por ser parte una provincia, puesto que no se verifica en el caso el requisito de distinta vecindad exigido por el art. 116 de la Constitución Nacional y el art. 24 inc. a del decreto-ley 1285/58 y los elementos que deben examinarse a los efectos de la resolución del caso son de derecho público local, y requieren del examen o la revisión de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales…” (considerando N° 5). “[C]abe recordar que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 Y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el art. 24, inc. l°, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 312:640; 313:127 y 1062; 322:1514; 330:3773 y 340:1078, entre muchos otros)…” (dictamen de la Procuradora Fiscal). “[E]stas causas sólo tramitarán ante la competencia originaria de la Corte si, además de ser parte una provincia, la materia del pleito reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el art. 7°, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente, que dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando ‘el actor omisión o situación degradación o contaminación generada provoque en recursos efectivamente ambientales interjurisdiccionales’ […]. En ese sentido, es dable resaltar que la Corte, a través de distintos precedentes, ha delineado los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la procedencia de dicha competencia federal en razón de la materia ambiental, al establecer que, en primer término, hay que delimitar el ámbito territorial afectado pues, como lo ha previsto el legislador nacional, aquélla corresponde cuando está en juego un recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880 y 329:2316) o un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial (Fallos: 330:4234; 331:1679)…” (dictamen de la Procuradora Fiscal). Tampoco procede la competencia originaria ratione personae, ya que la acumulación subjetiva de pretensiones que intenta efectuar el actor contra el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, que fue demandado en autos, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que fue citado como tercero, es inadmisible, toda vez que ninguna de las partes que conforman el litisconsorcio pasivo· resulta aforada en forma autónoma a esta instancia, ni existen motivos suficientes, a mi modo de ver, para concluir que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario, según el arto 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. doctrina in re ´Mendoza, Beatriz´, Fallos: 329:2316, cons. 16 y siguientes, y ´Rebull´ Fallos: 329:2911) …” (dictamen de la Procuradora Fiscal). “[D]ada la índole taxativa de la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida, por persona o poder alguno, según el criterio adoptado por el Tribunal en el precedente ´soja´, publicado en Fallos: 32:120, y reiterado en Fallos: 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514; 323:1854; 326:3642, entre muchos otros, opino que este proceso resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte…” (dictamen de la Procuradora Fiscal). 2. Competencia local o federal en causas ambientales “[P]or regla general, las causas referidas a cuestiones ambientales, en principio, corresponden a la competencia de los jueces locales, según lo dispone el art. 41, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, pues él establece que le cabe a la Nación ´dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección´ y reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas. Dicho texto constitucional se complementa con el art. 32 de la Ley General del Ambiente, 25.675, que prescribe que la competencia judicial ´será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia´ (v. también Fallos: 318: 992)…” (dictamen de la Procuradora Fiscal). “[E]s preciso recordar que la definición de la naturaleza federal del pleito debe ser realizada con especial estrictez, por lo que resulta imprescindible demostrar, con alguna evaluación científica, la efectiva contaminación o degradación –según los términos de la Ley General del Ambiente– del carácter interjurisdiccional de tal recurso, esto es, la convicción debe necesariamente surgir de los términos en que se formule la demanda y de los estudios ambientales que la acompañen, lo que permitirá sostener la pretendida interjurisdiccionalidad, o, en su defecto, la de alguna evidencia que pruebe que resulta verosímil la afectación de las jurisdicciones involucradas (Fallos: 329:2469 y 330:4234)…” (dictamen de la Procuradora Fiscal). “[E]l planteamiento del actor debe ser ventilado ante la justicia local de la Provincia de Córdoba, en cuanto son las autoridades provinciales quienes tienen la competencia en materia de poder de policía medio ambiental, de conformidad con los arts. 41, párrafo 3°, 121 y siguientes de la Constitución Nacional, sin que se encuentre en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal en forma directa e inmediata (arts. 116 de la Constitución Nacional y 2°, inc. P, de la ley 48 y Fallos: 318:992; 323:3859; 328:68; 329:2280, entre otros). Ello tiene su fundamento en el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, que exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que versen, en lo sustancial, sobre aspectos propios del derecho provincial, es decir, que se debe tratar previamente en jurisdicción local la cuestión alegada, sin perjuicio de que los asuntos federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario previsto en el arto 14 de la ley 48 (Fallos: 310:295 y 2841; 311:1470; 314:620 y 810; 318:2534 y 2551; 324: 2069; 325: 3070)…” (dictamen de la Procuradora Fiscal). |
| Tribunal : | Corte Suprema de Justicia de la Nación |
| Voces: | ACCION DE AMPARO COMPETENCIA FEDERAL COMPETENCIA LOCAL COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA COMPETENCIA CONFLICTO DE COMPETENCIA DERECHO AMBIENTAL INTERPRETACIÓN DE LA LEY JURISDICCIÓN MEDIO AMBIENTE |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia nacional |
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