Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2149
Título : Defensor de derechos humanos y otros v. Guatemala
Fecha: 28-ago-2014
Resumen : El caso se refiere a la muerte de un defensor de derechos humanos ocurrida en Guatemala el 20 de diciembre de 2004 y a las amenazas que con anterioridad sufrieron su hija, también defensora de derechos humanos, y sus familiares, entre cuyos integrantes se encontraban menores de edad, que los llevó, luego de ocurrido el trágico suceso, al desplazamiento forzado dentro y fuera del país. Lo antedicho se enmarcó en una situación de vulnerabilidad para los defensores de derechos humanos, generada con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz en Guatemala que siguieron al conflicto armado ocurrido en ese país entre los años 1962 y 1996.
Argumentos: En ese contexto, la Corte consideró que no contaba con elementos suficientes para declarar un incumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar la vida (artículo 4.1 de la Convención) y los derechos políticos del defensor, quien para ese entonces se desempeñaba como Alcalde Comunitario del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la Aldea Cruce de la Esperanza. Sin embargo, concluyó que Guatemala sí era responsable internacionalmente por incumplir con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención) y de circulación y residencia (artículo 22.1 de la Convención) de la defensora y su familia, violaciones que ocurrieron también en relación con los derechos de la niña y los niños involucrados. Ello, por cuanto el Estado, tras haber tomado conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato que estos padecían, no adoptó las medidas adecuadas y efectivas para protegerlos ni para averiguar el nivel de riesgo al cual estarían expuestos. Asimismo, consideró que el Estado, ante el traslado forzado de los involucrados de su lugar de residencia habitual en virtud de la situación de riesgo que soportaban, incumplió con su obligación de proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro. Por otra parte, la Corte determinó que Guatemala incumplió con su obligación de garantizar los derechos políticos de la defensora (artículo 23.1 de la Convención), quien no pudo continuar ejerciendo los cargos políticos que ostentaba al momento de los hechos. Por último, concluyó que Guatemala incumplió con su deber de investigar la muerte del defensor y las amenazas sufridas por su familia, en violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención).
Tribunal : Corte Interamericana de Derechos Humanos
Voces: DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
CIRCULACIÓN TERRITORIAL
RESIDENCIA
DERECHOS POLÍTICOS
Link de descarga: https://repositorio.mpd.gov.ar/documentos/Defensor de derechos humanos y otros v. Guatemala.pdf
Aparece en las colecciones: Jurisprudencia internacional

Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.