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FechaTítuloResumen
sep-2019La audiencia de visu y auditusLa propuesta consiste en analizar una de las líneas de trabajo que propone el fallo “NIZ” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En particular, el objetivo es profundizar no sólo la necesidad de llevar a cabo la llamada audiencia de visu, sino también intentar determinar el contenido de una entrevista de esa naturaleza, la manera en que la misma debería desarrollarse, y por supuesto, las consecuencias que podrían derivar de dicha reunión personal.
abr-2019Perspectiva de género, retribución y castigo: impacto diferenciado y pena de prisiónA partir del análisis de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal reflexionaremos sobre los conceptos de impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos; tiempo lineal y existencial; proporcionalidad y retribución. Consideramos que un análisis de estos conceptos, desde una perspectiva de género, en el terreno de la mensuración de la pena puede servirnos para exigir un castigo estatal diferente en determinados supuestos que se presentan, especialmente, en el ámbito de la punición de los delitos relativos al tráfico de estupefacientes en el que intervienen mujeres que son madres. No se trata de un problema de autodeterminación reducida –carril por el que transita una posible respuesta– sino de un problema de proporcionalidad, ya que la pena, en la mayoría de estos casos, hiere con más fuerza la existencia de la persona y por ello debe ser diferente tanto cuantitativa como cualitativamente.
may-2018Las multas actuales de la ley N° 23.737 (según ley N° 27.302) y en el anteproyecto 2018 del Código PenalEl autor analiza el impacto de los nuevos montos de las multas previstas para las principales figuras penales de la ley Nº 23.737 (Ley de Estupefacientes), según el texto de la ley Nº 27.302, frente a la imposibilidad de su pago por parte de los condenados. A partir de ello, tomando un caso estándar de narcotráfico (tenencia con fines de comercialización, transporte, etc.) se analizan como inconvenientes múltiples soluciones legalmente previstas o que podrían invocarse fundadamente, y luego se propone una superadora, que permita arribar a la correspondiente satisfacción de la pena pecuniaria, sin una afectación significativa para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Finalmente, se analiza la cuestión desde la propuesta del anteproyecto del Código Penal 2018.