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Título : PHM (causa N° 81000022)
Fecha: 7-abr-2017
Resumen : Un hombre había sido imputado por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Estuvo detenido diecisiete días, fue excarcelado y permaneció en libertad durante todo el proceso. Siete años y medio después de la comisión del hecho, el imputado fue condenado a la pena de dos años de prisión y se lo declaró reincidente. Esa sentencia motivó su detención. El imputado tenía cinco hijos menores de 10 años que se encontraban al exclusivo cuidado de su madre. La mujer era el único sustento económico de la familia, por lo que debía salir a trabajar y dejar solos a los niños. Frente a esta situación, la defensa solicitó que se concediera el arresto domiciliario a su asistido. La presentación fue acompañada de diversos informes que daban cuenta de la severa situación de pobreza en la que se hallaba el grupo familiar, entre lo que se destacaban necesidades básicas insatisfechas. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. En su dictamen, entendió que no se daban en el caso ninguno de los presupuestos contemplados en la Ley de Ejecución Penal para el otorgamiento del instituto solicitado.
Argumentos: El TOF N° 1 de Rosario, de manera unipersonal, ordenó el cumplimiento de la condena bajo el régimen de vigilancia electrónica llevado a cabo en el domicilio del imputado. Para decidir de ese modo, el juez Paulucci señaló que “…la situación de crisis familiar […] sólo puede acentuarse con la permanencia del encartado en un centro de detención carcelario, [lo que] atenta directamente contra el principio de no trascendencia de la pena a terceros, atendiendo a la especial situación de vulnerabilidad de aquellos sobre quienes él ejercía la manutención económica y emocional”. En esa línea, el magistrado puntualizó que “…la detención domiciliaria, lograría en el presente caso, un equilibrio entre el principio que se pretenda proteger y la aplicación del rigor estatal para garantizar el cumplimiento de la pena impuesta”. En razón de lo expuesto, el juez indicó que si bien “...la situación [del imputado] no encuentra recepción cabal en las previsiones del art. 10 del Código Penal y el art. 32 de la ley 24.660 (tal como lo sostuvo el Fiscal General […]), el presente caso reviste características excepcionales que ameritan la concesión de un a medida morigerada del encierro […] a efectos de poder alcanzar los fines de reinserción social…”.
Tribunal : Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Rosario
Voces: PRISIÓN DOMICILIARIA
FAMILIA
VULNERABILIDAD
PRINCIPIO DE INTRASCENDENCIA DE LA PENA
VIGILANCIA ELECTRÓNICA
REINSERCIÓN SOCIAL
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