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| Fecha | Título | Resumen |
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| dic-2023 | Revista del Ministerio Público de la Defensa N°18. Litigio estratégico en materia ambiental. A 15 años del fallo "Mendoza" de la CSJN | El planeta atraviesa hoy una crisis ambiental sin precedentes, signada por el cambio climático, la contaminación ambiental y la explotación desmedida de recursos naturales que afecta de modo desproporcionado a las poblaciones más empobrecidas. Frente a ese escenario, la defensa pública tiene un rol clave en la lucha por el cuidado de nuestro planeta y de sus habitantes. Este número de la Revista Anual conmemora los 15 años de la histórica sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, donde determinó la responsabilidad del Estado en la recomposición y prevención del daño ambiental en la cuenca del Río Matanza-Riachuelo. A lo largo de la revista, autores/as nacionales e internacionales analizan los avances y desafíos en materia de litigio ambiental, en miras a apuntar a una respuesta articulada y global a la crisis climática. |
| nov-2016 | Revista del MPD N° 11. Personas con discapacidad psicosocial | Este número 11 de la Revista del Ministerio Público de la Defensa está dedicado a la defensa de las personas con discapacidad psicosocial, tanto en el ámbito civil como penal. Con esta edición, se pretende fortalecer la doctrina y la jurisprudencia que mejor receptan una mirada interdisciplinaria, orientada a la inclusión social de aquellas personas con algún padecimiento mental, conforme el paradigma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. |
| nov-2017 | Revista del MPD N° 12. Acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal | El número 12 de la Revista del Ministerio Público de la Defensa se inspiró en algunos de los ejes temáticos trabajados en la Segunda Conferencia Internacional de Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal, llevada a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2016 en la Ciudad de Buenos Aires. |
| nov-2018 | Revista del MPD N° 13. La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes | El número 13 de la Revista del Ministerio Público de la Defensa reúne trabajos de especialistas en niñez y adolescencia. En esta oportunidad, el tema central es "La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes", y se desarrolla, como ya es costumbre para esta publicación, en cuatro secciones: la primera, recoge la línea de trabajo de la institución; la segunda, recopila experiencias de operadores jurídicos de todo el país; la siguiente, se aboca al trabajo realizado por expertos en otras latitudes; y, finalmente, la cuarta y última sección incluye una entrevista a un especialista de renombre internacional. |
| nov-2019 | Revista del MPD N° 14. Desigualdad socioeconómica y acceso a la justicia | En esta oportunidad, el tema escogido es “Desigualdad socioeconómica y acceso a la justicia”, problemática que cruza dos grandes líneas de intervención de la defensa pública. Por un lado, en el ámbito de la justicia penal, se da una contradicción cuando la primera aparición del Estado en la vida de una persona se produce en el momento en que se la acusa de un delito penal. Por otro lado, por fuera de la intervención de la justicia criminal, la desigualdad socioeconómica coloca a amplios sectores de la población frente a escenarios que son difíciles de revertir, justamente porque la justiciabilidad de los derechos afectados suele resultar esquiva. |
| nov-2020 | Revista del MPD N° 15. La defensa de las personas privadas de la libertad | Históricamente, la atención de las personas privadas de la libertad había sido un tema sensible dentro del Ministerio Público de la Defensa; sin embargo, hacia fines del pasado año la Defensa Pública enfrentaba nuevos desafíos, vinculados con la declaración de la emergencia penitenciaria decretada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la propagación, a nivel planetario, de un nuevo virus, el Covid-19, y alertó sobre los riesgos de su expansión. Solo dos meses más tarde, ante la pandemia que afrontaba el mundo entero, la Argentina declaró la emergencia sanitaria nacional. Desde entonces, las cárceles se convirtieron en un foco de especial preocupación. A las habituales condiciones de hacinamiento e insalubridad se sumó la necesidad de paliar la propagación del virus Covid-19 al interior de dichas instituciones de encierro. |
| 19-sep-2014 | Rey, Virginia c. Dirección Provincial Registro Civil y Capacidad de las Personas | Los reclamantes interpusieron una acción de amparo ante la negativa del Registro Civil de realizar la inscripción de nacimiento de su hija con la anteposición del apellido materno al paterno. |
| 28-abr-2020 | Reyes (causa N° 69495) | Una mujer provenía de un contexto social de extrema vulnerabilidad y había sufrido violencia por motivos de género desde muy joven. Además, tenía un consumo problemático de alcohol y estupefacientes de larga data y tenía un hijo de dos meses. El niño se encontraba institucionalizado en un hogar de guarda desde su nacimiento. En el marco de una investigación penal, la mujer fue detenida en el Complejo Penitenciario Federal N° IV. La defensa solicitó su prisión domiciliaria en los términos del inciso f) del artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal. El juzgado interviniente rechazó el pedido. Sin embargo, estableció que la imputada debía realizar un tratamiento de rehabilitación por sus adicciones y estudios psicológicos a fin de recuperarse y reestablecer el vínculo con su hijo. Tiempo después la defensa reiteró la solicitud, a la que sumó el supuesto del inciso a) del artículo 32 de la misma ley. En esa oportunidad, sostuvo que su defendida no recibía un tratamiento adecuado en su lugar de detención. Esa situación además le impedía comenzar un proceso de revinculación con su hijo. Por su parte, se presentaron informes de parte que daban cuenta de la necesidad de abordar la problemática de la mujer desde una perspectiva integral de salud mental. Asimismo, el Complejo Penitenciario Federal N° IV informó que no contaba con instalaciones ni programa activo en el área de “drogadependencia”. Del mismo modo, la defensa dejó constancia de que el Servicio Penitenciario Federal no había cumplido con los traslados dispuestos para comenzar un tratamiento extramuros. El juzgado interviniente rechazó nuevamente de nuevo el pedido. Para así decidir, sostuvo que los argumentos expuestos no tenían entidad suficiente para modificar el criterio ya sostenido. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación. |
| 24-abr-2019 | Reyes (Expediente 14861) | La señora Reyes solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) la integración de las diferencias existentes entre el haber que percibía y el haber mínimo vigente. Ante la respuesta negativa, interpuso una demanda de reajuste en la que, además de la integración, requirió el pago de las sumas devengadas durante los dos años previos a la interposición del reclamo administrativo. La ANSeS, por su parte, interpuso excepción de falta de legitimación pasiva y prescripción del pago de las sumas devengadas por el paso de dos años, de conformidad con el Código Civil y Comercial de la Nación. El juzgado de primera instancia rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva, hizo lugar a la demanda interpuesta y ordenó a la ANSeS a que integrara las diferencias existentes entre el haber que percibía la actora y el mínimo vigente. Sin embargo, hizo lugar a la excepción de prescripción. Contra esa resolución, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 4-sep-2007 | Reyes Aguilera, Daniela c. Estado Nacional | Los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social confirmaron la sentencia de la anterior instancia, y rechazaron la petición de inconstitucionalidad del inciso e) del artículo 1° del decreto 432/97, que impone a los extranjeros, como requisito para acceder a las prestaciones instituidas por el artículo 9° de la ley 13.478, acreditar una residencia mínima continuada en el país de veinte años (modificado por el decreto 582/2003 que exige 40 años). |
| 28-dic-2021 | Reynal (Causa n° 1875) | En una causa penal se investigaba una serie de delitos cometidos durante la última dictadura militar. En el año 2000, el juzgado interviniente dispuso la prescripción de la acción penal y sobreseyó al hombre imputado. Contra esa decisión, la querella solicitó la nulidad del sobreseimiento. Entre otras cuestiones, planteó que los hechos investigados eran delitos de lesa humanidad. El juzgado rechazó el planteo y la querella interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó lo resuelto por el juzgado. La querella interpuso un recurso de casación. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y anuló la decisión. Entonces, la defensa del hombre imputado interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su denegación, interpuso un recurso de queja. |
| 19-dic-2017 | Reynoso (reg. N° 1674 y causa N° 94190002) | Una persona fue condenada en 2010 a la pena de tres años de prisión por hechos cometidos entre los años 2000 y 2002; el vencimiento de la pena se fijó para julio del 2015. En 2016 fue condenada por otro tribunal a la pena de tres años de prisión. Su defensa solicitó que se unificaran las penas. El tribunal rechazó el pedido. Para decidir de ese modo, sostuvo que la primera pena se encontraba vencida y que, en consecuencia, solo restaba hacer cumplir la sanción correspondiente a la segunda. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| oct-2022 | El régimen de progresividad para las personas condenadas a prisión perpetua. Debates en la jurisprudencia | En el presente trabajo se analizan diferentes aspectos de las reformas vinculadas a las penas a perpetuidad y los debates jurisprudenciales más relevantes. En primer lugar, se estudian diversos aspectos de las reformas legales que impusieron penas a perpetuidad. Luego, se abordan los estándares recientes elaborados por la jurisprudencia internacional. Finalmente, se abordarán algunos aspectos trabajados en el reciente fallo “Ibañez Benavidez” de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. |
| mar-2020 | Régimen penal juvenil. Intervención del Ministerio Público Fiscal en el expediente tutelar | El presente trabajo problematiza la forma en la cual se sustancia el expediente tutelar en la actualidad. La autora pone en tensión los avances respecto de la vigencia de los derechos en la interpretación de la ley N°22.278 y la aplicación del principio acusatorio para garantizar el debido proceso penal. A partir de una lectura armónica de la legislación convencional y nacional en materia de derecho penal juvenil, el trabajo pone de relieve la obligación de aplicar las garantías fundamentales en la totalidad del proceso de forma tal que no se contradiga lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño. De esta manera, el artículo abre una ventana más para pensar la vigencia de los derechos en el ámbito juvenil en la sustanciación del expediente tutelar y, en particular, cuando se trata de medidas restrictivas de la libertad. |
| 7-may-2018 | RFA (causa Nº 66575) | Un hombre había sido imputado por el delito de lesiones culposas graves. Su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En ese sentido, el imputado ofreció autoinhabilitarse para conducir y una compensación económica a favor de la víctima. El Tribunal Oral hizo lugar a la solicitud y concedió la probation por el término de un año y seis meses. Entonces, el imputado entregó su licencia de conducir. Transcurridos diez meses, su defensa solicitó que se le restituyera el uso y goce de la capacidad para conducir. En particular, indicó que su asistido había reparado todos los daños en la medida de lo posible, y que la compensación económica no se había hecho efectiva en virtud de un acuerdo suscripto por las partes en el fuero civil. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo. |
| 9-mar-2021 | RFJ (causa N° 63633) | Una adolescente había sido víctima de femicidio. El diario “Muy”, propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., publicó imágenes del cuerpo hallado sin vida. Su padre demandó a la empresa de comunicaciones por los daños y perjuicios ocasionados a la intimidad de la víctima y su familia. El juez de primera instancia hizo lugar a demanda. Ante esta decisión, la empresa demandada interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, alegó que la difusión de imágenes tenía fines informativos que buscaban generar conciencia y compromiso sobre la problemática del femicidio en Argentina. |
| 2-nov-2016 | RGA | En ambos casos, la policía había constatado maniobras compatibles con la venta de estupefacientes y, en consecuencia, allanó dos domicilios. Sus habitantes fueron detenidos e imputados por el delito de comercialización de estupefacientes. En el primer caso, se secuestraron 7 gramos de cocaína, 23 de marihuana y la suma de $220. El Juzgado de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención que se le había impuesto al imputado. En el segundo caso, se secuestraron 44 gramos de marihuana y 15 de cocaína, teléfonos celulares y la suma de $446. Al calificar este hecho, se aplicó la agravante prevista en el art. 11 inc. e), pues la vivienda allanada se encontraba en las inmediaciones de cuatro centros educativos/ asistenciales. La defensa solicitó, en este marco, la morigeración de la prisión preventiva. El tribunal oral rechazó el pedido. En los dos casos, la defensa interpuso recurso de apelación. |
| 5-jul-2023 | RGA (Causa N° 25523) | Dos mujeres– Y.C y G.R– se encontraban en pareja y convivían. Asimismo, tenían dos hijas y querían ampliar su familia. Por ese motivo, decidieron tener un hijo. Para concretar su proyecto familiar, recurrieron a las técnicas de reproducción con el método de inseminación casera. Con ese fin, utilizaron gametos masculinos de un conocido de la pareja que no tenía voluntad procreacional. Con posterioridad, la pareja y el donante dejaron constancias de su decisión y, suscribieron los correspondientes consentimientos informados ante un escribano público. En ese momento, la señora G.R ya estaba embarazada. Luego, cuando las mujeres quisieron inscribir al niño como hijo de ambas, el Registro Civil rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, entendió que no cumplían con los recaudos que establecía el artículo 560 del CCYCN sobre el consentimiento previo de las personas que se sometían al uso de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Por ese motivo, las mujeres iniciaron una acción judicial para que se dictara una medida autosastifactiva. En concreto pidieron que se ordenara al registro a completar la inscripción del niño de manera que la señora Y.C fuera consignada como su co-madre. No obstante, el juzgado que intervino desestimó la medida requerida. Para decidir así, consideró que la ley desconocía los efectos jurídicos de las prácticas denominadas caseras. Agregó que éstas se realizaban por fuera de un centro de salud y sin asistencia médica, por lo que no aplicaban las reglas de filiación por TRHA. En consecuencia, las actoras interpusieron un recurso de apelación. Entre sus argumentos, expresaron que no se había brindado una solución jurídica a su petición que hacía a la identidad del niño. Asimismo, resaltaron que se dejaban por fuera de la protección de la ley a las personas que recurrían a las técnicas caseras de reproducción humana asistida sin intervención de establecimientos médicos. |
| 19-abr-2018 | RGE (causa Nº 27592) | Dos individuos circulaban a bordo de una moto. El conductor cruzó la calle sin respetar la prioridad de paso de los vehículos que transitaban por el lado derecho, y fue embestido por una camioneta. Su acompañante fue herido. Por ese hecho, el conductor de la moto fue imputado por el delito de lesiones culposas graves. Durante el proceso, suscribió un acuerdo conciliatorio con el damnificado, en los términos del artículo 59, inciso 6º, del Código Penal. La conciliación consistió en un pedido de disculpas como única reparación simbólica. La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que debía homologarse el acuerdo y declarar extinguida la acción penal. |
| 7-ene-2019 | RGJ (causa Nº 11787) | Un niño de tres años de edad que padecía neuroblastoma de alto riesgo en estadio IV fue intervenido quirúrgicamente y, con posterioridad, se le prescribió el fármaco “Qarziba” (Dinutuximab Beta), procedente de Alemania. Su padre, luego de realizar las gestiones correspondientes ante la ANMAT, solicitó al Instituto de Obras Sociales de la provincia de Entre Ríos que le cubriera la totalidad del medicamento. La obra social negó la prestación porque consideró la posibilidad de que tuviera efectos secundarios (diarrea). Además, explicó que su beneficio era incierto y que su suministro no resultaba costo-efectiva. En consecuencia, el afiliado interpuso una acción de amparo. |